‘Jalón de orejas’ por calidad de agua en acueductos comunitarios

Crédito: Tomada de Facebook / EL NUEVO DÍA
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La Procuraduría y Contraloría advirtieron que la calidad del agua que se suministra en los acueductos comunitarios está impactando en la salud de los ibaguereños.
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Los entes de control le hicieron un llamado de atención a la Secretaría de Salud de Ibagué y a la autoridad sanitaria del orden nacional para que se tomen acciones con los acueductos comunitarios que no están cumpliendo con los niveles de calidad en el agua y que están afectando a las comunidades que se surten con el recurso a través de los mismos.

Daniel Rubio Jiménez, procurador Ambiental y Agrario del Tolima, indicó que Ibagué a traviesa un problema de salud pública muy grave  y que en pleno siglo 21 es una de las pocas ciudades capitales en las que alrededor del 20% de su población toma agua cruda no apta para el consumo, situación que además genera afectaciones para la ciudadanía en corto, mediano y largo plazo.

Rubio Jiménez señaló que la autoridad sanitaria toma acciones en restaurantes con el cierre temporal de los establecimientos cuando detecta que se venden alimentos en descomposición, pero no ha puesto la suficiente atención en la calidad del recurso que se suministra de los acueductos comunitarios. En un caso particular el funcionario explicó la situación de Acuaricaurte del cual señaló espera un cierre.

“Desafortunadamente en Ibagué hay acueductos que distribuyen agua cruda con Giardia, es decir, ya ni siquiera con Coliformes totales, ni con materia fecal, sino con protozoarios, o sea con animales que se alojan en el páncreas y el hígado de los ciudadanos que consumen esta agua, organismos vivos que son resistentes a la cloración y a los antibióticos.

“Acuaricaurte, el acueducto del barrio Ricaurte, y sus suscriptores están en la situación que les acabo  de plantear”, dijo el representante de la entidad del Ministerio Público.

Y agregó, “estamos a la espera de que la autoridad sanitaria así como cierra restaurantes que venden alimentos en descomposición, proceda al cierre temporal de ese establecimiento de comercio que es el acueducto comunitario Acuaricaurte, que está  entregando el agua en estas condiciones a al menos 1.250 suscriptores, 5 mil o 6 mil personas en Ibagué. Esperamos que la autoridad no solamente mes a mes nos diga cual es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca) y el Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo (Iraba) de los acueductos comunitarios y prestadores del servicio público de agua cruda, desafortunadamente porque en Ibagué 100 mil personas toman agua cruda y al Municipio no le interesa, le parece que es un problema estructural y al parecer prefiere dejárselo a la siguiente administración”.

 

Tuberías obsoletas

En el mismo sentido Vladimir Forero, funcionario de la Gerencia Tolima de la Contraloría General de la República indicó que en medio de las propuestas del Gobierno local para mejorar el suministro del recurso en la zona sur de Ibagué, con la construcción de una de las fases del acueducto complementario, aún no existe un planteamiento frente a las redes de distribución que están “obsoletas” y terminarían por contaminar el agua tratada.

“Esas redes de distribución y todos esos sistemas de estos acueductos, son absolutamente obsoletos, cuyas redes de distribución, redes domiciliarias, después de muchos años de uso, con aguas altamente contaminadas, pues son lo más parecido a verdaderas alcantarillas.

“No tiene sentido desde el punto de vista técnico plantear que se le va a dar agua a esos acueductos utilizando esas vetustas redes, significa llevar agua tratada y conducirla por sistemas que la van a contaminar y que no tienen garantías de suministro permanente”, reseñó el funcionario de la CGR.

Asimismo, acotó que aunque se habla de mejorar la calidad del suministro en los acueductos del sur, no hay por ahora una propuesta frente a la calidad de los acueductos del norte de la ciudad.

“Con respecto a los acueductos del norte de la ciudad, pues simple y llanamente no hay ningún planteamiento (...) esos sistemas de distribución del norte de la ciudad atienden al 70% de la población, para el 70% de la población del casco urbano que recibe agua no apta para el consumo humano no hay nada, aun frente a la existencia de 24 acciones populares falladas hace más de 10 años sin cumplimientos, seguimos en una ausencia total de respuesta”, señaló Forero.

El funcionario indicó que el Irca de la ciudad se ve impactado positivamente por el Ibal, cuyo suministro no representa riesgo en el consumo, de lo contrario, la situación podría ser aún más lamentable.

“El Irca de Ibagué si está en riesgo medio o alto es porque el Ibal está arrastrando positivamente esa lectura, está enmascarando la pésima calidad del agua, siendo ya malo que estemos en riesgo medio o alto”, puntualizó el funcionario del ente de control.

 

Una política pública

El Procurador Ambiental y Agrario del Tolima señaló la importancia de que en la capital del departamento se fije una política pública que trace las acciones a largo plazo en materia de acueducto y alcantarillado, pues dijo que el Municipio en aras de cumplir las acciones judiciales se ha dedicado a iniciar consultorías sin que se fijen las obras para la ejecución.

“Se esperaría una acción proactiva de la autoridad municipal local frente al tema y no la puede hacer por una razón simple, porque en Ibagué no hay una política pública de agua potable y saneamiento básico, las inversiones del sistema general de participaciones para estos dos subsectores y de los ingresos propios del municipio para estos subsectores se priorizan al arbitrio del funcionario de turno, secretario de turno o Alcalde de turno.

“Aquí no hay una política trazada a largo plazo que indique cuáles deben ser las prioridades de acueducto y alcantarillado en la ciudad, es decir, no existe un documento que contenga unos elementos para priorizar año a año, o en el corto, mediano y largo plazo, que consultorías o en qué zona de alcantarillado deben hacerse obras públicas, ese es el elemento que necesita la ciudad, una política pública elevada a un acuerdo municipal en el Concejo o decreto del Alcalde, que la gente sepa que el esfuerzo presupuestal se va a orientar y no a decirle a los jueces que están adelantando consultorías para ver que tienen qué hacer”, dijo el procurador ambiental.

 

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Redacción local.

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