En medio del proceso de licitación pública que adelanta la Alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura, para la realización de la versión número 48 del Festival Folclórico Colombiano, en donde se hace una inversión de $4.314 millones, el abogado Luis Felipe Aranzalez interpuso ante los estrados judiciales dos acciones legales con las que pide que se suspenda el proceso contractual ante las irregularidades que asegura existen.

El profesional radicó la semana anterior una acción de tutela con medida provisional y una acción de nulidad con una medida cautelar de suspensión provisional, esto con el fin de que se evite avanzar en el trámite y se destinen de forma adecuada los recursos.

Cabe resaltar que la elección del contratista se llevará a cabo el 31 de mayo, esta semana se conocerán a los interesados. 

Los motivos

Entre los argumentos se reseñó que existe un sobrecosto ilegal y una indebida destinación de recursos. 

Por ejemplo, en los incentivos para artistas, la Alcaldía le pagará por este ítem $878 millones 220 mil pesos al contratista; sin embargo, a los artistas solo se les entregará $492 millones, los demás $386 millones 220 mil pesos quedará dentro de las utilidades de quien ejecute la labor solo por hacer como lo dice el abogado la función de “pasamanos”.  

“Unos $380 millones representan la utilidad del contratista u operador logístico por hacer ese pasamanos, por entregar los recursos a los artistas porque realmente no va a hacer absolutamente nada más en ese aspecto (...) por ese pasamanos está cobrando un 44 %, ese es el porcentaje exacto de lo que se le paga al contratista respecto de lo que se le paga a los artistas. 

“Hemos detectado que existe un sobrecosto evidente y que esto podría llegar incluso a presentarse cuando se pague como un posible peculado, porque es indebida destinación de recursos que deberían de hacerse de forma directa y sin intermediarios para los artistas, aquí la disfrazan como una actividad del contrato, pero realmente lo que hemos evidenciado es que existe una malversación de recursos públicos”, explicó Aranzalez.

Asimismo, indicó que en la forma de pago se ha establecido un primer pago del 20 % una vez se firme el acta de inicio, pero la misma aunque se entiende como un anticipo no se cataloga como esa figura, por lo que prácticamente el Municipio entra prestando dinero.

“Son $880 millones aproximadamente, jurídicamente se debe entender como un anticipo pero no está planteado así precisamente porque es la única forma de pagar muy rápido sin que tenga el control que tiene un anticipo; un anticipo por ley debe estar consignado a un patrimonio autónomo, a una cuenta compartida a los diferentes mecanismos jurídicos que se establecen para eso. 

“Ahora se presenta como un primer pago para que finalmente el Municipio le preste $880 millones al contratista logístico, prácticamente le está entregando el dinero de los artistas de forma anticipada para que este vaya me entregue la mitad y se quede con el restante”, aseveró. 

En el mismo sentido, se advirtió que en el proceso de licitación pública no se tuvo en cuenta el decreto 1860 de 2021 que impulsa el emprendimiento en el país y otorga unos ítems diferenciales para que puedan participar este tipo de empresas. 

“El pliego de condiciones omite por completo este decreto, no lo tiene en cuenta y no lo aplica, esta inaplicación genera una afectación de derechos fundamentales y una contradicción normativa muy grave porque dice que a las pequeñas empresas del Tolima que podían participar en unas mejores condiciones les quedó impedida esa posibilidad”, aseguró. 

¿Malversación de recursos?

El profesional acotó que las acciones legales no tienen otro trasfondo más que evitar una malversación de recursos. 

“Les decimos que suspendan este proceso que es ilegal, si bien es cierto las fiestas son necesarias para Ibagué y no podemos permitir que con el pretexto de las fiestas exista una malversación de recursos”, dijo. 

Y agregó, “nosotros no tenemos la intención de acabar con las fiestas en Ibagué, más bien tenemos la intención de acabar con la corrupción en Ibagué, las fiestas las apoyamos y ojalá se destinarán más recursos y fuéramos referente de festival, pero el problema es que somos referente de corrupción. 

“No por el hecho de que esto genera economía, vamos a permitir que $4.300 millones de los ibaguereños se inviertan de forma incorrecta y direccionada”. 

Otras curiosidades

Aranzalez también mencionó otros requerimientos de la Alcaldía que aseguró limitan la pluralidad de oferentes. 

“Quien quiera participar debe presentar más de 25 hojas de vida, entre jurados del folclor, reinados y logística. Por ejemplo, en el alquiler de carrozas debe presentar el dibujo de las 14 carrozas y hay algo que es muy grave y es el tema de puntaje, piden la certificación de la casa disquera o del representante legal del artista, para ganarse un puntaje en el cual se establezca la fecha específica de disponibilidad”, expuso.