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El concejal Miguel Bermúdez reveló que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie), entidad adscrita al Ministerio de Educación y que tiene a cargo las obras de los colegios públicos de Ibagué, denunció ante la Fiscalía a dos contratistas porque, al parecer, falsificaron los informes técnicos sobre la calidad del concreto.
En síntesis, el Ffie denunció por falsedad en documento privado a GMP Ingenieros y UT MEN 2016, contratistas de las instituciones educativas Antonio Reyes Umaña y Joaquín París, respectivamente, porque habrían alterado los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas sobre los concretos que han empleado en las construcciones.
En ambos casos, los contratistas presentaron informes que no correspondían a los ensayos de laboratorio, porque presuntamente intentaron ocultar un hecho que el concejal Bermúdez advirtió desde 2020: las bajas resistencias en la calidad del concreto y, en consecuencia, el incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
Pero no son las únicas instituciones inmersas en este lío. Según explicó Bermúdez, existen resultados que demuestran que en los colegios Jorge Eliécer Gaitán y Arboleda Campestre también se empleó concreto de baja resistencia, por lo que va a exhortar al Ffie para que también denuncie penalmente a los contratistas.
Por tratarse de obras financiadas con recursos públicos aportados por la Alcaldía y el Ministerio de Educación, el concejal pidió que el Municipio sea vinculado en los procesos penales en calidad de víctima, teniendo en cuenta los perjuicios morales, económicos y sociales por los aparentes incumplimientos de las obras.
Miguel Bermúdez, concejal de Ibagué.
Además, Bermúdez solicitó a la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación que inicie las investigaciones a los interventores y supervisores de cada contrato para que establezcan posibles faltas o irregularidades en el seguimiento técnico de las obras.
Así mismo, el cabildante solicitó que el Concejo de Ibagué sea informado periódicamente de los procesos penales, pues le asiste la obligación de velar por los recursos públicos y evitar que la ciudad siga siendo “la burla a nivel nacional de quien quiera llegar acá a dejar obras a medio camino”.
“Si no hay infraestructura educativa, cómo podemos garantizar el derecho fundamental a la educación. Una muy buena parte de los niños de Ibagué están siendo llevados a bodegas y casas con sobrepoblación y sin las condiciones mínimas de dignidad, salubridad y comodidad para que reciban la educación”, aseguró el concejal.
A modo de balance, recordó que de las 26 instituciones educativas intervenidas en Ibagué, ocho ya fueron terminadas, pero solo cinco están operando. Los demás colegios están en construcción e incluso hay unos que apenas están en proceso de licenciamiento después de varios años.
“Todo esto nos ha generado perjuicios gigantes: más de $60.000 millones aportados de manera efectiva por el Municipio, más de $18.000 millones en intereses, más de $1.200 millones en pagos de arrendamientos, sin contar los miles de millones que han pagado los padres en transporte”, puntualizó.
Dato
El alcalde Andrés Hurtado sostiene que el Municipio debe hacer un esfuerzo financiero de alrededor de $17.000 millones de recursos propios para costear las obras complementarias de los colegios, pero el concejal Bermúdez dice que se requieren $20.000 millones.
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