Se socializó el proyecto de acuerdo 014 de 2022 donde se adicionan unos artículos al decreto 1000-0823 del 23 de diciembre de 2014 en virtud del cual se adoptó la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Ibagué en la sesión extraordinaria del Concejo municipal desarrollada ayer.

Conforme al fallo del Tribunal Administrativo del Tolima en segunda instancia (junio), sobre la demanda que interpuso la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, contra el Municipio con la idea de que se ‘tumbara’ el decreto que adoptó la revisión y ajuste al POT al considerar que no se respetó el documento concertado.

Sin embargo, se declaró la nulidad total de siete artículos y la del 120 del parágrafo 30 al considerar que la Alcaldía no concertó con Cortolima los que tenían un impacto ambiental para la ciudad.

El órgano público pidió instar al municipio para que, a través del trámite, presente las normas 241, 401, 402, 403, 411, 428 y 438 conforme fueron concertadas por Cortolima para efectuar la adición al decreto o presentar nuevamente las disposiciones normativas. 

Por tanto, el secretario de Planeación Leandro Vera, comentó que decidieron presentar el documento concertado en su momento con la Corporación.

Ante una ausencia normativa frente al desarrollo de vivienda en zona rural, se tomó la decisión de suspender toda la expedición de planos topográficos, determinantes ambientales, y cualquier tipo de licencia que se le entregó a los curadores urbanos.

“Estamos tocando las ‘fibras’ de Ibagué en sus usos del suelo que implica el desarrollo en la zona rural. Vamos a una etapa para reglamentar el crecimiento de la vivienda campestre en el municipio que está existiendo pero necesita un orden donde se diga, dónde, cómo y cuándo”, comentó Vera.

Modificaciones 

Al comparar los documentos se pudo evidenciar que se habían suprimido o añadido algunas líneas o parágrafos que la Corporación no había incluido, y que se estima que son establecidos por sus estudios técnicos y conocimientos en el tema;  por ello, según lo indicado por el Secretario de Planeación, solo se dejará lo que ya estaba establecido por Cortolima.

Por ejemplo, se suprimió el parágrafo 3 del artículo 120 donde estaba establecido que en las zonas de protección o aislamiento que se fija para las Ptars está prohibido el desarrollo de viviendas, sin embargo estaban permitidas las actividades comerciales, de equipamiento o tareas propias de la industria. Cuestión que no tenía el documento concertado con Cortolima. 

También se evidenció que algunos apartados del documento de la Autoridad Ambiental se suprimieron como lo fue en el artículo 24 que decía: “las áreas de cesión para equipamientos, resultantes de procesos de urbanización, al menos uno deberá estar conectado con un parque, plaza o zona verde derivada de las cesiones urbanísticas obligatorias del mismo desarrollo o colindantes”.

Frente a esto Vera indicó, “lo que quiera hacer el operador urbanístico será que las áreas que se entregan para cesión debían tener una colindancia. Adicionamos y es lo que se va a solicitar de ahora en adelante”.

Igualmente, el artículo 403 que el decreto quedó como 401 debido a las modificaciones está que las zonas de mitigación de impacto el área desde el perímetro con el que se tiene al inició con la zona rural en Cortolima se estableció que eran 500 metros para minimizar los impactos en esos suelos, pero en el documento estaba en 300.

Las fumigaciones en zonas aledañas al perímetro urbano estaba en 500 metros y se había cambiado a 300.

A modo general los cabildantes consideraron importante la socialización de los documentos pero aún les preocupa el desarrollo de la ciudad y los resultados que ha desencadenado un crecimiento desordenado al no tener una hoja de ruta.

Así pues, esperan contar con el pronunciamiento de Cortolima para conocer los pormenores y las decisiones que se deben tomar de ahora en adelante para responder al tribunal y la ciudadanía de acuerdo a las actuales dinámicas territoriales.

Dato

El Pomca establece la zonificación pero no puede reglamentar usos del suelo porque eso le corresponde al municipio y está en cabeza del Concejo Municipal.

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