Lo anterior, debido a que desde agosto de 2018, cuando fue capturado, hasta la presentación del escrito de acusación y la audiencia, pasaron 262 días. Además contando los términos desde la última adición a la imputación, el 7 de diciembre de 2018, también pasaron 161 días, sin efectuarse la diligencia correspondiente.

No obstante, ni la Fiscalía ni la Procuraduría y la abogada de víctimas estuvieron de acuerdo con la argumentación. Señalaron que al existir varios delitos y adiciones, los términos se ampliaban. Y agregaron que el ente acusador debía revisar si cambia o sigue con el fiscal del caso o persiste.

La decisión fue apelada y ahora el Tribunal Superior decidirá sobre el mismo.

El caso

Torres Ramos y su secretario de Planeación para la época de los hechos, al parecer, falsificaron la identidad del ingeniero Edison Andrés Ospina Arias, quien registra la firma de 12 contratos en el Secop (portal de contratación) con sumas entre dos y siete millones de pesos (serían cerca de $60 millones), destinados a la adecuación de la sala de sistemas de la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, supuestamente ejecutados en 2014.