Para quienes fueron reubicados en lugares diferentes a los que habitaban al momento de ser expulsados esos cambios eran más fuertes, pues se evidenciaba una pérdida de apropiación del lugar.

Un ejemplo de ello fue la población de Chaparral, reubicada en unos planes de vivienda multifamiliares que distan mucho de la relación que tenían sus habitantes antes con la naturaleza, los cultivos; el cambio también ha influido en la relación de sus amplias familias con el otro, pues en muchos casos los conflictos comunitarios eran más comunes, dadas las diferencias culturales entre las personas reubicadas en el mismo sitio.

Así lo detalla la investigación de Alejandro Sebastián Mejía Baldión, magíster en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien analizó la información disponible en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención para la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para estos cuatro municipios. De igual manera, revisó las solicitudes de restitución de tierras presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras y los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Según datos de UARIV, entre 1984 y 2018 en los cuatro municipios del sur del Tolima se dio el mayor número de desplazamientos forzados en el departamento, con 100.290 víctimas de este flagelo.

A través de entrevistas semiestructuradas y conversaciones previas con las comunidades, el investigador sostiene que, en términos de la relación con el lugar, la ruptura para estas comunidades fue tan fuerte que significó ese desplazamiento hacia otros lugares del país que, en la mayoría de los casos, se dio en situaciones de precariedad.

Otro de los cambios gira en el entorno familiar, en el que el impacto más evidente data de una ruptura y desestructuración que genera el desplazamiento forzado, entendido como la pérdida de hijos, separación de parejas o miembros familiares.

Según el investigador, esto incide fuertemente en que jóvenes desplazados hacia la ciudad no quieran regresar a las fincas o veredas de donde fueron obligados a salir, lo que significaría un envejecimiento de la población rural de esos lugares.

“Dada esta pérdida y la ruptura de los jóvenes con su territorio, quienes están regresando principalmente son las personas mayores, quienes tienen más dificultades físicas para trabajar la tierra, como lo harían antes cuando contaban con el apoyo de hijos jóvenes y de la familia. Ello genera mayores problemáticas hacia el futuro y frente a la oportunidad de reterritorializar ese espacio”, señala el investigador.

A pesar de que el desplazamiento generó un rompimiento en los planes personales, como los de construir vivienda y expandir cultivos, entre otros, en el caso de las mujeres jóvenes desplazadas se mostró una alta capacidad de resistencia, pues en las entrevistas muchas argumentaron haber cambiado sus prioridades y visión que tenían del mundo, ya que estar en medio de un entorno urbano les hizo inclinarse por la educación universitaria.

Desde el ordenamiento territorial

La investigación evidenció una serie de deficiencias para aplicar los instrumentos de ordenamiento territorial en los ámbitos rurales, donde municipios como los estudiados tienen mayores dificultades locales para aplicar instrumentos que permitan buscar alternativas desde el ordenamiento productivo del suelo para las familias que están retornando.

“Hablamos de veredas y familias expulsadas en las que se debe pensar, desde el ordenamiento territorial, en una forma de recuperar las dinámicas productivas y sociales con las que contaban antes del desplazamiento”, sostiene el investigador.

Por último, la investigación revela que muchas de las solicitudes que reposan en la Unidad de Restitución de Tierras se refieren a partes altas de los municipios o cercanas a zonas de protección, lo que implica pensar alternativas productivas para esa población que está retornando y que a su vez sean sostenibles.