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Debo confesar que personalmente, me costaba creer que esas prácticas de los años ochenta y noventa, siguieran enquistadas en nuestra sociedad. Por el contrario, confiaba en que el Estado seguía evolucionando para ser esa institución que deben liderar hombres y mujeres sin tacha y sin ninguna otra pretensión más allá de la de querer gobernar bien a su pueblo.
Pues bien, nuestro municipio tuvo la osadía de escoger como su primer mandatario a una persona que, a mediados del año 2017, había estado preso de su libertad, por los procesos de peculado y por ocultamiento de elementos materiales probatorios; acciones judiciales que hoy siguen en curso. Los cargos que se le imputaron al actual alcalde se dieron por haber prestado las instalaciones del Aeropuerto Perales, cuando fungía como su gerente, para que un grupo de amigos y seguidores realizarán carreras ilegales en la pista.
Lo que más preocupa en esta investigación, es que como en la época oscura del cartel de Medellín, donde la justicia no podía actuar libremente, fue amenazado de muerte el juez que adelantaba las investigaciones, situación que lo llevó a renunciar al caso. Es importante en este momento preguntarse ¿cómo un proceso judicial en el cual existe material probatorio suficiente para dictar sentencia, se sigue dilatando y no se toma ninguna decisión?
Pues bien, la respuesta está en la inoperancia histórica de la justicia colombiana en los casos donde existen intereses ocultos que van más allá de un simple despacho judicial. Infortunadamente, seguimos viviendo la época del terror que genera el poder oscuro, detrás de las instituciones.
En estos casi cinco meses de gobierno, el actual mandatario de los ibaguereños ya suma la caída, por sospecha de malos procedimientos pre-contractuales, de dos importantes licitaciones: la construcción del Coliseo Mayor del Parque Deportivo, por un valor de $43.917 millones de pesos; y la segunda, para el mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado, y la recuperación de la malla vial que resulte averiada por estas obras, ésta por un valor de $5.497 millones.
Sin lugar a dudas, si no existiera una maquinaria política tan robusta como la que tiene detrás el señor Hurtado, con las acusaciones que cursan en su contra, difícilmente estaría hoy sentado en el Palacio Municipal, direccionando el destino de Ibagué.
Como sociedad tenemos el deber de ser veedores de nuestros recursos públicos. Recordemos que en el 2015 nos robaron la esperanza; durante los últimos cuatro años, con mucho esfuerzo avanzamos para recuperar lo que hoy se ve amenazado. No debemos dejarnos arrebatar nuevamente los sueños.
Por último, valdría decir que las estigmatizadas “nuevas formas de lucha” para los jóvenes, son las teclas de un computador y el derecho a opinar libremente. Comparar la libertad de expresarse o la oportunidad de informar a la gente con la verdad, con “el secuestro y la extorsión”; es no tener capacidad para entender el momento social y político que vive esta parte sur del continente, en la cual los movimientos sociales de jóvenes nos han demostrado que las “nuevas formas de lucha” son hechos políticos, en los cuales se reclama la deuda histórica de los Estados con las nuevas generaciones.
Estas luchas, no son comparables, como lo dijo un exgobernador desde un espacio similar, con acciones de “sicarios que disparan armas para asesinar”. Calificar a quienes hoy se expresan en redes sociales ante las injusticias y actos de corrupción como “sicarios”, no es más que una burda y grosera manera de coartar sus derechos y libertades.
Que quede claro, que ninguno de los jóvenes que damos la cara y opinamos desde distintas orillas, que queremos un país diferente donde prevalezca la justicia social y el cuidado de los recursos públicos, amenazaremos jueces y tampoco compraremos un solo voto para representar a nuestro pueblo.
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