Electricaribe: ¿Hasta cuándo?

Cuando un cristiano le roba la luz a Electricaribe comete un delito contemplado en el Código Penal, en el artículo 256 denominado “defraudación de fluídos”.

Cuando un cristiano le roba la luz a Electricaribe comete un delito contemplado en el Código Penal, en el artículo 256 denominado “defraudación de fluídos”, cuya letra dice: “El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1,33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En cambio, si Electricaribe le roba al usuario, no hay delito alguno, simplemente puede ser un error involuntario del sistema de la empresa al imprimir la factura. Es decir, el responsable sería el computador, aparato que no tiene madre.

Así sucedió en una urbanización recientemente construida en Soledad (Atlántico), cuyas casas fueron entregadas gratis por el Gobierno nacional a un grupo de desplazados, de estrato uno, y donde los recibos alcanzaron hasta los 200 mil pesos por mes. O sea que habrá expropiación de la casa por la impagable deuda con Electricaribe. Por su parte, el robo que Electricaribe hace al pueblo es a través de la facturación fraudulenta que al no presentarse recurso alguno por parte del suscriptor, para reclamar sus derechos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, queda legitimada la deuda, por ignorancia del usuario y picardía de la empresa, que mediante un acto de compromiso social concede rebajas y plazos para suavizar el garrotazo.

La otra cara de la moneda se vivió en Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar y Riohacha, donde el 10 de julio los “Indignados con Energía Social y Electricaribe” adelantaron un plantón para manifestar su inconformidad con el mal servicio de esas empresas, como protesta por esas millonarias deudas impagables, los cortes de energía y las fluctuaciones del voltaje, sin contar los postes que se caen y los daños en los electrodomésticos, sin que nadie responda por estas pérdidas.

Mientras esto sucede y la ola de protesta crece por toda la región, el Ministerio de Minas y Energía, Planeación Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se hacen los ciegos, sordos y mudos. Por eso, la protesta pacífica de los “Indignados con Energía Social y Electricaribe” toma cada día más fuerza y merece el respaldo de todos los habitantes de esta región, pues el objetivo es presionar al Gobierno nacional para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tome posesión de esta empresa por su pésimo servicio.

Credito
FRANCISCO CUELLO DUARTE Profesor de derecho administrativo

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