PUBLICIDAD
Esa circunstancia nos llevó a los senadores de la Comisión Quinta del Senado a realizar un debate virtual el pasado miércoles con la presencia de María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía; Natasha Avendaño García, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Jorge Alberto Valencia, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y otros actores del sistema. La citación la realizó el senador Carlos Felipe Mejía.
Pues bien, causa alerta que en medio de la pandemia no haya la suficiente articulación entre los actores del sistema energético y que se estén presentando problemas en los cobros a los usuarios, que algunos afectados catalogan como excesivos y quienes por la crisis económica y social tienen serios problemas de liquidez para pagar sus facturas.
Es importante hacer nuevamente un llamado a la Superintendencia para que sean sancionadas aquellas empresas que estén abusando de los hogares colombianos con alzas en las tarifas y que se encuentren subiendo el kilovatio de energía sin ninguna justificación. Creo que el denominado Cargo de Confiabilidad debe servir de prenda para que efectivamente se garantice la producción, distribución y comercialización en condiciones de equidad, en esto no hay excusa pues con la temporada de lluvias se obtiene un importante remanente para los embalses que garantiza la producción energética.
Sin embargo, esta vigilancia debería establecerse en las empresas productoras, distribuidoras, pero especialmente en las comercializadoras. Como todos sabemos, el palo no está para cucharas: El grueso de las familias colombianas tienen problemas económicos y se les dificulta cancelar los servicios, siendo el de la energía el más oneroso. En la actualidad el sistema educativo, especialmente los docentes y estudiantes de básica primaria y bachillerato requieren un servicio de energía eficiente por cuanto deben estar conectados con sus equipos para avanzar en el calendario académico en todo el país.
Para sorpresa de muchos de los asistentes virtuales al debate de control político se desnudaron abusos tarifarios en diferentes zonas del país, que afectan también a los sectores comerciales e industrial, cuando la demanda del servicio por la pandemia cayó notablemente en los sectores productivos, pues menos del 20% se mantienen activos.
Uno esperaría que en vez de que los alcaldes o gobernadores giren recursos a los comercializadores de estos servicios para atender la emergencia por coronavirus, dichas empresas tengan un poco más de corazón y menos cálculo económico para reducir la tarifa de los usuarios. Algunas compañías no han entendido o no han querido entender que estamos en medio de una crisis mundial y prácticamente en recesión. En este escenario, todos debemos contribuir a paliar la crisis o sacrificar algo para contribuir al sostenimiento de la economía del país.
De hecho, la CREG se comprometió a evaluar el congelamiento del costo del kilovatio, en lo posible lo ideal es reducir dicho valor principalmente en los estratos 1 y 2, e igualmente se otorguen ventajas para poblaciones 3 y 4. Es importante ampliar los beneficios para el pago de las facturas tanto para sectores vulnerables como productivos.
Es urgente hoy que el Gobierno nacional expida todas las medidas y ejerza un estricto control que conlleven a que estas compañías otorguen todas las garantías en la prestación del servicio energético para garantizar un nivel de vida aceptable en medio de la emergencia sanitaria, económica y social que afrontamos todos en el país.
En el caso del Tolima, le solicité expresamente a la superintendente Natasha Avendaño García, que requiera de forma inmediata a Celsia, empresa que presta sus servicios en este departamento y que según tenemos conocimiento por quejas de alcaldes y líderes municipales y veredales estaría cometiendo abusos en las tarifas, además su capacidad de respuesta ante emergencias o caídas en el fluido eléctrico deja mucho qué pensar.
Comentarios