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La noticia se dio en medio de las declaraciones del Presidente estadounidense Donald Trump, quien informó sobre la decisión de su gobierno de retirar a varios países de dicha lista. También se supo que hay otros temas en los que se aplica dicha calificación y que existe un umbral que permite determinar si un país está perjudicando las industrias norteamericanas con exportaciones subsidiadas deslealmente.
Más allá “del parte de tranquilidad” anunciado en varios medios de comunicación, en donde se establece como mínimo el efecto que produciría dicha decisión para las empresas colombianas exportadoras, gracias al TLC existente, surgen preguntas sobre qué tan desarrollado está nuestro país y si basta con la dimensión del comercio y de la economía para determinar el grado de desarrollo de un país.
Este debate es tan antiguo como el origen de los modelos económicos y la comprensión de la riqueza de las naciones. Hoy por hoy se utilizan diferentes indicadores para conocer los niveles de desarrollo y progreso que tiene un país. Entre ellos están el índice de desarrollo humano, el índice de progreso social, el índice de competitividad global, y el índice de desarrollo socioeconómico IDSE.
La variedad de indicadores lleva a la conclusión que todo depende de cuál concepción de desarrollo se maneje, y que usar solamente uno de ellos no basta para describir el grado de desarrollo de un país. Existe una realidad irrefutable, Colombia está lejos de ser un país desarrollado.
La afirmación se basa en las conclusiones del debate surgido en Colombia por las declaraciones de Trump; Colombia tiene un sistema tributario regresivo propio de un país en vía de desarrollo. Un impuesto regresivo es aquel que recauda un menor porcentaje de los ingresos en la medida que la persona gana más. Asimismo, representa una mayor carga para los individuos de bajo estatus socioeconómico.
A finales del año pasado la OCDE concluyó que en Colombia el sistema tributario apenas reduce la desigualdad, y el acceso a la educación, a la salud y a las pensiones es desigual. Según el informe, las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas, gran parte de los subsidios van a parar a la población más rica. Además, según la organización para la cooperación para el desarrollo, se podría lograr una mayor equidad reasignando una mayor parte del gasto hacia las poblaciones vulnerables.
Dejar atrás la condición de país en vía de desarrollo requiere un sistema tributario progresivo. El Ministro Carrasquilla prometió que la Ley de financiamiento aprobada en 2019 sería la base para un país menos desigual, con más empleo, y mayor crecimiento económico. La Ley se aprobó y se está ejecutando. Amanecerá y veremos. Sólo sí esto se logra podría hablarse de una nueva etapa en el desarrollo del país.
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