Esta semana se conmemoraron cinco años de la firma del Acuerdo de Paz que marcaba el fin de la guerra con las Farc, una guerrilla que durante 50 años sumió a Colombia en la violencia, los secuestros, las tomas de pueblos y puestos de policía, la extorsión y el dolor permanente. Este acuerdo ponía fin a una guerra de no acabar y significaba la dejación de las armas de las Farc, bajo el compromiso de verdad, justicia y reparación. A su vez, el Gobierno se comprometía a apoyar la reintegración de los excombatientes a la vida civil y entregarles una alternativa para vivir en la legalidad. Todo este acuerdo debía estar enmarcado en un sistema de justicia alternativa, que solo sería viable si se cumplían los preceptos de verdad y reparación que obligaba el acuerdo.
La ilusión de paz parecía poner fin a tantos años de violencia. Sin embargo, esta ilusión se fue transformando en una profunda polarización de la que no ha podido escapar Colombia, alimentada por las ambiciones electorales de algunos, que encontraron en este acuerdo su mejor arenga de campaña.
Cinco años después, el 95% de los excombatientes siguen en el proceso, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha construido siete macrocasos, tras escuchar el relato de más de mil exguerrilleros y la Comisión de la Verdad ha trabajado con 26 mil personas en reconstruir los hechos de violencia que ocurrieron a lo largo de cinco décadas.
Estos relatos han hecho también que hoy se busque a cerca de 27 mil desaparecidos, sobre los que al menos hay alguna pista de dónde están. De modo que es innegable que sí se avanzó en frenar la violencia. Sin embargo, el combustible del narcotráfico, los desplazamientos forzados y el asesinato de líderes sociales siguen dejando a Colombia atrapada en su violencia.
Hoy hay que decir que los líderes tanto del Gobierno como los excombatientes no estuvieron a la altura del significado de este acuerdo. El cinismo de los jefes de la guerrilla de las Farc y la demora en su reconocimiento de responsabilidad en los episodios más dolorosos del país han hecho aún más difícil avanzar en un camino de reconciliación. A su vez, las demoras de la JEP en expedir sentencias de condena contra los autores de los más terribles crímenes han alimentado el desacuerdo con un proceso de paz con tantos enemigos.
Por su parte, la impunidad en el asesinato de líderes sociales y la incapacidad del Gobierno de desarmar el lenguaje ha hecho que también por parte del Estado poco se pueda avanzar en un verdadero fin de conflicto.
Así que hoy el balance es tal vez agridulce. Desde este diario seguimos creyendo en los diálogos de paz, pero pedimos a la JEP que muy pronto se puedan conocer resultados de verdad, justicia y reparación para poder avanzar como país.
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