En este escenario, el Gobierno tendría que entrar a definir la manera más adecuada para realizar dicho reembolso a los contribuyentes. "La Corte tiene la facultad de declarar la nulidad de la emergencia desde su origen, por lo que habría lugar a devoluciones o puede decir que la inconstitucionalidad sólo rige para el futuro, entonces quedarían vigentes los cobros realizados hasta el momento de la sentencia", explicó el ex vicepresidente de la República, Humberto de La Calle Lombana.
Los Decretos
El constitucionalista dijo además que en caso de que el alto tribunal decida la inconstitucionalidad de la declaratoria de la emergencia social, automáticamente quedan sin vigencia los decretos expedidos al amparo de dicho estado de excepción.
A pesar de que las opiniones se inclinan hacia una inexequibilidad de la emergencia declarada en diciembre de 2009, existe también la posibilidad de que la Corte la considere constitucional. En este caso, el tribunal entraría a analizar cada una de las medidas o normas adoptadas por el Gobierno nacional.
De La Calle
Otro escenario que puede darse es que se declare la constitucionalidad parcial de la emergencia social, como ocurrió con la del sector financiero, "es decir, que se diga que realmente hubo unos hechos sobrevinientes pero que la motivación del decreto sólo es parcialmente constitucional".
"Esta hipótesis implicaría que la Corte dijera que evidentemente la iliquidez y el aumento de los recobros al Fosyga aumentaron súbitamente de manera anormal y podrían prevalecer los decretos que tienen que ver con la agilización de los pagos, con los nuevos recursos, pero podrían caerse los temas más estructurales, como las modificaciones en la Superintendencia o el comportamiento de los médicos frente al POS", declaró el ex ministro.
En caso de no pasar
Sin embargo, en caso de que no pase el estudio de constitucionalidad, el ex ministro considera que "el Congreso tendría que entrar muy rápidamente a replantear a fondo el sistema de salud, que ya en su esencia está afectado, porque no sólo hay problemas internos sino de orden macroeconómico".
DE LAS INTERVENCIONES CIUDADANAS
El sector académico fue uno de los tantos que pidió al alto tribunal declarar la inexequibilidad de la emergencia social, al considerar que no existen hechos sobrevinientes que la motivaran, como lo manifestaron los profesores de posgrados de Administración de Salud de la Universidad Javeriana en carta enviada a los magistrados.
A su vez, siete integrantes del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, creen que "la creación de los impuestos pasa por encima del Congreso, de manera abusiva, tanto como se hace con las restricciones del plan obligatorio".
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