En una declaración, la Unidad Nacional demandó “que se les dé atención médica y alimentación adecuada, se respete el derecho a visitas regulares, que los padres y madres (encarcelados) puedan recibir a sus hijos menores de edad y mantener comunicación con quienes están en el exterior”.

Ese movimiento político también pidió “que se abran las cárceles a los organismos internacionales para constatar el estado de salud de los más de 205 personas presas políticas en Nicaragua”.

Por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) observó a los convictos “irreconocibles pálidos, bajos de peso, mal alimentados, maltratados, enfermos, con acentuadas ojeras”, después de un año o más en prisión.

“Si así se ven sus cuerpos externamente, ¿cómo estará su salud”, alertó el organismo en un mensaje.

Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuya defensora María Oviedo forma parte de los denominados prisioneros políticos, “la exhibición que ha hecho la dictadura sandinista, lo único que evidencia son las secuelas de las torturas físicas y psicológicas a las que ha sido sometida la doctora Oviedo en las tenebrosas cárceles de El Chipote”.

La CPDH agregó que “el régimen sandinista ha demostrado una vez más su desprecio a los derechos humanos universales”.

Las autoridades nicaragüenses, a través de sus medios de comunicación, han mostrado públicamente a 27 opositores que se encuentran encarcelados desde hace más de un año en la cárcel policial El Chipote, después que sus familiares denunciaran que sufrían desnutrición y adelgazamiento extremo.

Los opositores, detenidos entre mayo y noviembre de 2021, fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como “traición a la patria” o lavado de dinero.