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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes, sin permitir el acceso a la prensa, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tendría capacidad para 40.000 pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo.
En una cadena nacional de medios de comunicación, el Gobierno de Bukele divulgó un video en el que se muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión junto con un grupo de funcionarios.
Un enlace de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno confirmó que con esta visita quedaba inaugurada la prisión.
Fue el 21 de julio pasado que el mandatario afirmó en un mensaje en Twitter que esta cárcel “tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”, sin que se conozca el costo de la obra.
El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, indicaron al mandatario salvadoreño que la cárcel estará resguardada por 600 soldados y 250 policías.
Según ha informado la Presidencia, el centro penitenciario se construyó en terrenos “propiedad del Estado” en el municipio Tecoluca, en el central departamento de San Vicente, y “funcionará alejado de las zonas urbanas”.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
La organización Cristosal presentó a mediados de enero una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional una serie de leyes que “favorecen la corrupción”, entre ellas la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales Bajo el régimen de excepción, aprobada en el Congreso en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios.
En el contexto del régimen de excepción, medida denominada por Bukele “guerra” contra las pandillas, se han detenido más de 62.900 supuestos pandilleros y ha dejado más de 7.400 denuncias de atropellos a derechos humanos.
Este régimen suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, además extiende el plazo de detención preventiva hasta los quince días, cuando normalmente es de 3 días.
Lo que opina AI
La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la nueva cárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele, y alertó la continuidad de violaciones a derechos humanos.
Amnistía Internacional señaló en su cuenta de Twitter que ha denunciado “un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador y que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
La comunicación añadió que “la construcción de la nueva cárcel es una clara señal de que las autoridades de ese país planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo. Esto no aborda las causas y raíz de la violencia, y no servirá para superar el problema a largo plazo”, apuntó AI.
Hasta el momento, las autoridades reportan la captura de más de 62.900 supuestos pandilleros.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de los últimos cuatro Gobiernos.
DATO
También se construyeron 5 kilómetros de carretera para el acceso, 8 subestaciones de energía eléctrica, una planta de tratamiento de aguas residuales y 2 pozos de agua potable.
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