El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, entregó a la Fiscalía un informe sobre irregularidades en la compra y venta de tierras en Urabá. Allí estarían implicados unos 15 funcionarios públicos que se habrían prestado para el despojo material y jurídico de mil 400 predios rurales en un total de 41 mil 790 hectáreas mediante diferentes modalidades delictivas.

Según Vélez, se cometió delitos de falsificaciones de resoluciones de adjudicación, ventas masivas por personas naturales y venta con poder de esas mismas personas al Fondo Ganadero de Córdoba, usando campesinos como intermediarios. Además, ventas masivas a personas jurídicas, ventas bajo presión dadas por suplantación de personas, presentación de falsos poderes, despojos por vía administrativa y por vía ­jurídica.

“Entre los presuntos autores de los delitos se encuentran más de 100 personas naturales, jurídicas, funcionarios y exfuncionarios del ICA, del Incoder, de las oficinas de Registro de Turbo, notarios de Montería y del Urabá antioqueño”, dijo Vélez.

El informe está en manos de la Fiscalía y la Procuraduría y según Jorge Enrique Vélez, en 15 días un documento similar sobre el departamento del Meta será entregado y se avanza en revisar este tema de titulaciones de tierras en el Oriente antioqueño y el departamento de Santander.

“Por orden del presidente de la República, Juan Manuel Santos, vamos a adelantar el estudio en el mayor número de regiones para que en enero, que inicia el tema de la Ley de Víctimas, tengamos un diagnóstico claro de las zonas donde el conflicto fue más grave en el país”, señaló Vélez.

Fondo de Córdoba
En el citado informe se menciona al Fondo Ganadero de Córdoba por ser la per­sona jurídica que más tierras ha comprado en la zona de Urabá mediante supuestas maniobras fraudulentas, así lo señaló el presidente Juan Manuel ­Santos.

Eran maniobras incorrectas como “presiones para que se le otorgue poderes, registro de falsos poderes, otorgamiento de poderes a una sola persona”, informó el Primer Mandatario.

Según la investigación entregada por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Fiscalía, Sor Teresa Gómez Álvarez, fue persona de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, y es señalada como responsable intelectual del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo y está prófuga de la justicia.