De acuerdo con el Ministerio Público los soldados Daladier Ochoa Ramírez, Diego López Velásquez y Jhon Jairo Guarín Giraldo atacaron a la víctima, no identificada, en una carretera de dicho municipio, y le dispararon causándole la muerte, y luego lo presentaron como un combatiente de un grupo armado ilegal. 

Sin embargo, después de analizar la evidencia del caso la Procuraduría concluyó que el ciudadano no se encontraba haciendo actividades ilegales dado que no se encontraba escondido entre la maleza, no atacó a la tropa y no se encontraba en grupo.

 En concepto del Ministerio público, los militares implicados en este hecho "violaron el principio del Derecho Internacional Humanitario de distinguir entre la población civil, que por alguna razón se encuentra en zona de conflicto, y un combatiente o quien desarrolla hostilidades", lo que se constituye como una falta calificada como gravísima. 

A través del análisis forense se comprobó que quienes causaron la muerte del ciudadano, efectivamente fueron los tres integrantes del Ejército Nacional, y aparte de eso mostraron al civil como un "terrorista dado de baja".

 En ese sentido se manifestó que la violación al DIH obliga a que se les aparte del servicio y se les inhabilite para ejercer cualquier función pública por término de 20 años.