“Faltan argumentos fundados, mi cliente es un médico psiquiatra y no tiene elementos profesionales para verificar la existencia de una estructura armada. Ellos firmaron un documento donde se comprometen a desmovilizarse”, señaló Hartman.

 Agregó que “allá estuvo el comandante del Ejército y el Director de la Policía (durante la desmovilización el 7 de marzo de 2006), por lo que no había lugar a la duda.

“Se cuenta con documentos que aprueban la existencia de la compañía guerrillera, la Fiscalía quiere que mi defendido desconfíe del ministro de Defensa (Camilo Ospina) y del director de inteligencia del Ejército (general (r) Lelio Fadúl Suárez Tocarruncho), quienes aportaron información al señor Alto Comisionado para la Paz sobre el proceso”.

 Hartman añadió además que el ente acusador no tiene forma de probar que Restrepo sabía que la mencionada estructura guerrillera no existía.

 “El señor Alto Comisionado para la Paz debía aceptar el listado que se le entregó de las personas que dejarían las armas, porque era su deber legal hacerlo”, dijo la jurista.

Restrepo es acusado de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, porte ilegal de armas de fuego y municiones, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y prevaricato por acción.