Representante Germán Olano perdió su investidura

COLPRENSA
Los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado decretaron la pérdida de investidura del congresista Germán Olano, en el proceso del carrusel de la contratación en Bogotá.

A esta sanción se suma la condena de ocho años de prisión proferida en su contra por la Corte Suprema de Justicia, tras encontrarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. 

Por estos mismos hechos la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas, pero tras una apelación de la defensa, la sanción fue reducida a 12 años. 

Durante el proceso penal, Olano Becerra admitió que hizo de puente entre el contratista Julio Gómez y el grupo empresarial de los Nule para que recibieran, de manera irregular, multimillonarios contratos de la fase III de TransMilenio, adjudicados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por los que recibió una comisión de 500 millones de pesos. 

Al respecto, el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, explicó que la muerte política del exparlamentario fue decretada luego de que la corporación judicial encontrará que Olano violó el régimen de incompatibilidades e incurrió en el delito de tráfico de influencias. 

Además indicó que para tomar tal determinación también tuvieron en cuenta una prueba documental trasladada de la Corte Suprema y una grabación revelada por medios de comunicación. 

“Para decretar la pérdida de investidura tuvimos en cuenta una prueba documental del proceso penal que cursaba contra Olano en la Corte Suprema de Justicia, algunas otras pruebas recaudadas en el proceso y una grabación de radio. Todo sirvió para probar que el demandado incurrió en violación en el régimen de incompatibilidades e igualmente quedó probado que incurrió en tráfico de influencias”, manifestó el magistrado. 

Por otra parte, explicó que la decisión frente a la pérdida de investidura contra Olano no había sido proferida por la demora en el traslado de la prueba que le solicitaron a la Corte Suprema. 

“La decisión se demoró porque el traslado de la prueba de la Corte al Consejo de Estado se demoró un buen tiempo. Se trataba de una prueba documental y era muy grande. El proyecto de sentencia fue registrado desde el año pasado y empezó a hacer turno porque habían otros procesos por delante”, agregó. 

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