El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, presentó el informe relativo a 2012, que elimina a Colombia de la lista de países con graves situaciones de violación a los derechos humanos, a raíz de la visita que los comisionados hicieron al país en diciembre pasado y que permitirá que su situación de derechos humanos se analice en un informe aparte.

Los otros tres países que integran la lista, publicada en el Capítulo IV del informe, son los mismos que la CIDH mencionó en el documento de 2011, según el texto presentado por Orozco ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos países son Venezuela, Cuba y Honduras. 

Venezuela aparece en el capítulo por sus “situaciones estructurales”, como las modificaciones normativas “que afectan el goce de los derechos humanos”, entre las que cita la Ley Habilitante, que le concedió poderes especiales al entonces presidente Hugo Chávez, para que pudiera legislar durante 18 meses.

Además, cita la “fragilidad del poder judicial y su falta de independencia e imparcialidad”, el “uso abusivo del derecho penal”, los “obstáculos” a la labor de los activistas y la “afectación a la libertad de expresión”.

Cuba, por su parte, repite en la lista, porque el año pasado persistieron en el país las “restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión” y de movimiento, la falta de elecciones y la “falta de independencia del poder judicial”, además de las “represiones severas a activistas”, según informó el organismo autónomo de la OEA.

Entre otras medidas, la Comisión insta a Cuba a declarar nulas las condenas contra los disidentes condenados en la llamada “Primavera Negra” de 2003 y a eliminar de su Código Penal las figuras de la “peligrosidad” y la “especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos”.

Honduras, que fue incluida por primera vez en el Capítulo IV tras el golpe de Estado de 2009, permanece en el mismo, debido a sus persistentes violaciones en materia de “justicia, seguridad, marginación y discriminación”, según el texto.