Ante la inminente aprobación de la ley estatutaria que reglamenta el fuero penal militar, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, manifestó su preocupación por la posibilidad de que los falsos positivos sean investigados por autoridades militares. 

A pesar de que los representantes del Gobierno aseguran que esta ley ayudará a mejorar la investigación y el juzgamiento de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública, el Alto Comisionado insistió en que esta reforma es completamente innecesaria. 

Esto porque, en concepto de la oficina del Alto Comisionado, “la normativa existente antes de la reforma constitucional de 2012 se encontraba alineada con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos y de las buenas prácticas internacionales”. 

Según Howland, en la última década, medidas como la depuración de los integrantes de la fuerza, un entrenamiento adecuado y órdenes operacionales más claras, habían logrado una mejora en el respeto a los DD.HH, por parte de la Fuerza Pública, sin necesidad de la reforma constitucional. 

Aunque reconoce que el sistema anterior no era perfecto, también afirma que muchos de los problemas que han sido identificados por sus detractores podrían haber sido minimizados desde hace mucho tiempo con medidas como la creación de una defensa especializada a los militares acusados, una adecuada formación de jueces y fiscales, la facilitación de acuerdos entre los acusados y las víctimas ante la Fiscalía, haciendo uso de mecanismos propios de la justicia restaurativa. 

Ante este proyecto, que está muy cerca de ser aprobado, el comisionado Howland aseveró que si la ley estatutaria del Fuero Militar es adoptada, se podría llegar a que algunos casos de 'falsos positivos' que actualmente están siendo investigados por la justicia ordinaria sean transferidos a las autoridades militares, corriendo el riesgo de que los crímenes queden impunes. 

De acuerdo con Howland, aunque los ponentes del proyecto aseguran que esta ley no permitiría la transferencia de los casos de 'falsos positivos' desde la justicia ordinaria a la penal militar, el hecho de que en Colombia no exista la retroactividad penal, podría generar que los procesos que ya están en curso en la justicia sean trasladados, independientemente de la aprobación de la ley estatutaria.