El Gobierno Nacional, a través de un decreto, les entregó a las empresas privadas de servicios de redes y telecomunicaciones, facultades para que desarrollen tecnología para interceptar las conversaciones y datos de los colombianos. Así lo denunció el presidente de la Academia de Pensamiento Conservador, Lucas Cañas. 

Para Cañas, es preocupante lo que pueda llegar a hacer un particular con este tipo de información. “Se pueden constituir bandas criminales al otro lado de la legalidad, es muy preocupante que el Congreso no se pronunciará con relación al tema, suspicaz que el Gobierno no lo haya mencionado” declaró el presidente de la Academia de Pensamiento Conservador. 

Este decreto fue firmado por la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el Ministro de Tecnologías de la Información, Diego Molano y tiene fecha del 15 de agosto de 2012, es decir, está vigente desde hace más de 10 meses. 

En él, el artículo primero define la interceptación legal de comunicaciones, independientemente de cuál sea su origen o tecnología como “un mecanismo de seguridad publica que busca optimizar la labor de investigación de los delitos que adelantas las autoridades y organismos competentes en el marco de la Constitución y la ley”. 

Además, el decreto permite incluir en estas actividades a las empresas privadas. Según el texto firmado por los ministros, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que desarrollen su actividad comercial en el país deberán garantizar la infraestructura tecnológica para “que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura de tráfico de comunicaciones que cursen por sus redes. Esto con el fin de que las autoridades, con previa autorización de la Fiscalía, puedan cumplir “aquellas labores inherentes a la interceptación de comunicaciones requeridas. 

Fuera de esto, las compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones estarán obligadas conservar la información por cinco años y mantenerla actualizada. 

Para Cañas, este decreto define unilateralmente el concepto de interceptación ilegal y reglamenta aspectos como la entrega de información y los plazos en el tiempo de seguimiento, con lo que el Ejecutivo estaría pasando por encima de los poderes Judicial y Legislativo.

Este decreto constituiría, según el presidente de Academia de Pensamiento Conservador, la base jurídica de un plan nacional de interceptaciones y seguimientos que estarían adelantando los organismos de seguridad, “lo cual sería sumamente grave, teniendo en cuenta que es muy cuestionable que un decreto reglamente la ley y la Constitución.