Sin embargo, hubo varias propuestas en este tema que coinciden bastante con reformas que ya ha mencionado el Gobierno Nacional y que incluso ha presentado ante el Congreso de la República. 

Entre éstas se encuentran temas como la reforma a la justicia, el cambio del modelo de elección a los jefes de los órganos de control, la consulta previa, el estatuto de la oposición y la instalación de una Cámara más representativa en el Congreso, en lugar de la actual Cámara de Representantes.

La Reforma a la Justicia 

Sobre el primero de los temas, es necesario recordar que, en 2011, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional a la justicia.

Esta reforma, que prometía “afrontar los problemas de congestión judicial y dar acceso a la justicia para todos los colombianos” planteaba entre sus puntos propuestas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la doble instancia para funcionarios que cuenten con fuero constitucional o legal, los cuales actualmente son juzgados en una sola instancia por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo el proyecto de ley no incluía nada sobre el mayor acceso de los ciudadanos a la justicia y sí se fue llenado de propuestas que contenían beneficios a los congresistas y a los mismos magistrados de las cortes. Con todo y esto, la reforma fue aprobada por el Congreso, lo que generó gran polémica entre la opinión pública, gracias a la difusión en los medios de comunicación.

Al final la reforma aprobada fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos, quien convocó sesiones extraordinarias del legislativo para que concretaran en hundimiento de la misma.

En la propuesta presentada por la comisión de las Farc, se pretende “devolver su independencia a la Rama Judicial del poder público” para “liberarla de su escandaloza politización”. En ésta también se propone suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, al que definen como “principal fuente de clientelismo y corrupción”.

Al igual que la refomra presentada por el gobierno Santos esta reforma también pretende ampliar el acceso a la justicia, “reconociendo y promoviendo el pluralismo jurídico, así como las formas de justicia comunitaria”.

Elecci{on popular de jefes de órganos de control 

Desde que el Congreso de la República aprobó la reelección presidencial, hubo reacciones de varios sectores políticos en torno al nombramiento de varios funcionarios que dependen directa o indirectamente del Ejecutivo, entre los que se encuentran el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Estos funcionarios eran elegidos cada cuatro años una vez el Presidente en ejercicio hubiese cumplido dos años en el poder. De esta forma los jefes de los organos de control ejercían dos años de su función a la par con el Presidente y el Congreso que los eligió y dos años más con el Presidente y los congresistas que les sucedieran. Así se garantizaba de alguna forma la independencia de estos entes.

Este modelo se trastocó tras la aprobación de la reelección presidencial, dado que el jefe de algún órgano de control debía ejercer su cargo durante cuatro años, a la par con el Presidente y el Congreso que los nominaros y eligieron. Esto genera un problema en términos jurídicos, dado que quien juzga no puede ser elegido por quien es juzgado.

La propuesta de las Farc en este sentido hace caso a las voces de protesta de varios sectores políticos sobre el tema y plantea la posibilidad de que tanto el Procurador, el Contralor, el Fiscal y el Defensor del Pueblo sean elegidos por votación popular. Así, se eliminaría el problema de la elección de un juez, por parte de quien es juzgado. 

Estatuto de la oposición

El artículo 112 de la Constitución Política de 1991 consagra el derecho a la oposición por parte de los sectores políticos que estén en contra o quieran discutir las políticas del Estado. Sin embargo, ante la ausencia de una ley estatutaria que reglamente esto, así como las posibles sanciones por no garantizar este derecho, el presidente Santos prometió al inicio de su campaña, que durante su Gobierno, presentaría este proyecto ante el Congreso.

Sin embargo, esto no se ha dado. En este sentido las Farc buscan que se normatice este derecho estableciendo mecanismos concretos para que “la oposición no sea acallada ni censurada”. 

La consulta previa 

Este es un mecanismo que busca garantizar que comunidades indígenas y afrodescendientes aprueben cualquier intervención de infraestructura o de explotación de recursos que el Gobierno pueda realizar o autorizar en su territorio. Desde el inicio del gobierno Santos, se ha prometido usar este mecanismo en cada caso que se vaya a adjudicar un proyecto de explotación minera o petrolera. 

Pero las mismas comunidades han denunciado casos en que no se les ha consultado sobre el tema. En este sentido las Farc proponen no solo que el Gobierno central tenga la obligación de la consulta previa a estas comunidades, sino que éstas tenga autonomía judicial y legislativa en este sentido, así como una mayor participación en decisiones de importancia nacional. 

¿Cámara de Representantes o Cámara Territorial? 

Otra de las propuestas de las Farc se da en torno a la ampliación de la participación política ciudadana en las decisiones de Gobierno. Para ello proponen que se sustituya la actual Cámara de Representantes por lo que ellos llaman una “Cámara Territorial”.

Esta nueva Cámara daría una mayor participación a las comunidades campesinas, garantizando representación incluso de los sectores más excluídos del país, como son el Chocó y los departamentos del sur de Colombia. La nueva Cámara tendría como objetivo recuperar para el poder Legislativo “iniciativas en materia de planeación, presupuesto, y eliminar su injerencia en el poder judicial y los órganos de control”.

Esta propuesta es muy similar a una iniciativa del senador del Partido Verde, John Sudarsky quien propuso la conformación de lo que él llamó “Distritos Electorales”. Este esquema dividiría el país, solo con fines electorales, en pequeñas zonas donde habite un mínimo de 800 mil colombianos.

Cada distrito elige un representante y un senador entre las personas que habitan en la región. De acuerdo con Sudarsky, “esto permitiría una relación más cercana entre el elector y el elegido, así como un mayor arraigo del congresista con la región que representa”.