En 2014 se han encontrado y destruido 3.521 minas antipersona

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
El Ministerio de Defensa, a través del Batallón de Desminado No. 60 ‘Coronel Gabino Gutiérrez’ (Bides), al mando del coronel Henry Palomino, ha logrado declarar desde 2005 los municipios de El Dorado (Meta), San Carlos (Antioquia) y Zambrano (Bolívar), como libres de minas antipersona.

El desminado humanitario es un proceso largo y riguroso que realizan cerca de 500 hombres de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento a la Convención de Ottawa firmada por Colombia en 1997. 

Solo en los últimos seis meses, 45 hombres del Batallón 60 de Desminado Humanitario han inspeccionado 58.723 metros cuadrados en las veredas Roma, Cansona y San Francisco, de El Carmen de Bolívar, y han encontrado dos minas y una granada. 

El Batallón de Desminado (Bides), de 2005 a 2014 ha encontrado y destruido 3.521 minas antipersonales en todo el país y ha recogido 517 municiones sin explotar y 866 artefactos explosivos improvisados y en 31 de los 32 departamentos han denunciado presencia de minas. 

En el caso del pelotón en Bolívar se cuenta con dos máquinas especiales para hacer barridos y con equipos de ubicación manual, incluso muchas veces las condiciones geográficas obligan a que la tropa inspeccione, centímetro a centímetro, las zonas donde la población afirma que hay presencia de minas. 

“Instalar una mina toma 5 minutos, mientras que destruirla tiene un proceso mucho más largo que puede tomar días, semanas o meses”, explicó el comandante del pelotón, sargento segundo Javier Moreno Dorado. 

“La mayor dificultad es la ubicación de estos artefactos, pues por ahora no hay información sobre los lugares exactos donde fueron sembradas: algunos guerrilleros fueron dados de baja en combate y otros simplemente olvidaron cuántas instalaron y dónde lo hicieron”, agregó. 

En el caso de los gastos que implican la neutralización y destrucción de una mina, este es 200 veces más caro que la plantación. “Una batería o fuente de poder de 9 voltios cuesta tres dólares. El dispositivo, que puede ser una jeringa, un hilo de tensión o un gancho de ropa, puede costar un dólar y el contenedor puede ser un frasco de avena o cualquier recipiente plástico. Además, el explosivo y los químicos que usan, como heces humanas, son caseros y sirven de insumo para sembrar varias minas”, reveló el suboficial. 

Mientras que el trabajo de desminado acarrea gastos en compra de equipos de detección y protección, combustible para la maquinaria y el traslado de personal, víveres y sueldos, eso sin contar el riesgo en vidas. 

Solo en El Carmen de Bolívar, el pelotón que dirige el sargento Moreno ha encontrado 17 minas con esas características en cuatro años. Muchas de ellas, “tenían explosivo R1, pólvora negra, metralla (balines, vidrio, alambre de púa) y desechos orgánicos que al contacto con la herida desarrollan infecciones internas que aceleran la presencia de gangrena y obligan la amputación de la extremidad”, agrega. 

En 2014, según cifras del Ministerio de Defensa, 149 personas han sido víctimas por minas, 26 de ellas murieron -20 militares y 6 civiles- y 123 resultaron heridas. 

El hecho de la siembra de estos artefactos explosivos, es según el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya, una estrategia para evitar la erradicación de cultivos ilícitos. “Con acciones violatorias a los Derechos Humanos, los terroristas quieren evitar la erradicación de cultivos ilícitos”, dijo. 

“Hay unos municipios que están más contaminados que otros. Por eso no tenemos una cifra exacta de cuánto tiempo nos tomaría desminarlos, porque a veces el número se incrementa debido a que existen terroristas que continúan realizando esta práctica asesina”, denunció. 

En junio pasado, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, integrada por el Ministro de Defensa, el Inspector General de las Fuerzas Militares y el Director del Paicma, amplió a 92 el número de municipios susceptibles para tareas de desminado humanitario. 

De este número, ocho cuentan con operaciones a cargo del Bides y otros cinco han sido asignados a Dhalo Trust, única organización civil acreditada para esta tarea en Colombia. 

Credito
COLPRENSA

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