Se trata de una demanda en contra del Decreto 1351 de 2012, por el cual se convocó al Congreso a la República a sesiones extraordinarias para que estudiara las objeciones del presidente Santos en contra de ese acto legislativo y en las cuáles fue archivada finalmente la polémica reforma en junio de 2012. 

La decisión de ‘hundir’ en sesiones extras un acto legislativo no tenía precedente y generó gran polémica desde el primer momento, tanta que el presidente Santos anunció que asumía toda la responsabilidad política y jurídica por hacerlo. En dicho decreto se argumentó “que ninguna norma de la Constitución prohíbe de manera explícita la presentación de objeciones gubernamentales contra actos legislativos”. 

La Sala estudia una ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, que anula el decreto alegando que la citación a sesiones extras fue inconstitucional y, en consecuencia, que todo lo allí sucedido no tiene validez. 

La ponencia igualmente señala que hubo una vulneración del artículo 149 de la Constitución y que el Congreso tramitó de manera irregular la última sesión extra de la reforma. 

Además, la ponencia deja en claro que al anular el decreto que convocó a extras, la reforma tiene vigencia a futuro. Es decir, que si se llega a publicar la Gaceta del Congreso y el Diario Oficial, solo entrará a regir desde ese momento. 

Si el Consejo de Estado acoge la ponencia, como se espera, quedará en manos del presidente del Congreso, José David Name, la decisión de publicar o no el texto de la reforma que sería el único paso necesario para que entre a regir. Cabe señalar que si Name decide no publicarla, podría ser objeto de denuncias de índole penal.