Tres casos polémicos y que se podrían calificar de insólitos fueron identificados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como un nuevo desfalco en materia pensional por el monto de 80 mil millones de pesos.

El primero, según explicó su directora, Adriana Guillén, tiene que ver con supuestas irregularidades en el tema de las pensiones de 11 trabajadores de Ferrocarriles Nacionales a quienes un juez les reconoció una indexación de la primera mesada pensional por mil millones de pesos que el Ministerio de Comercio Exterior pagó.

No obstante, los trabajadores interpusieron un incidente de desacato, por supuesto incumplimiento del pago, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. Allí, en una polémica actuación, se “ordenó una prueba pericial y dijeron que al Ministerio le faltaba por pagar 15 mil 500 millones de pesos”.

Ante tal situación, la decisión fue recurrida, pero el resultado fue hacer un nuevo peritazgo que determinó que eran 11 mil millones de pesos los que se debía pagar y, como el Ministerio de Hacienda se negó a hacerlo, se ordenó una sanción de arresto contra su titular.

“Nosotros presentamos un recurso de consulta ante el Consejo Superior de la Judicatura y ellos anularon al decisión pero no por todas esas irregularidades, sino por falta de notificación. Esto es un caso muy grave”, señaló Guillén, quien indicó además que ya fueron presentadas las respectivas denuncias penales y disciplinarias.

Los otros casos

Otro caso más que motivó acciones judiciales por parte de la Agencia Jurídica es la irregularidad en la que habría incurrido el juez Segundo del Circuito de Cali a la hora de ordenar pagar una prima de gracia, que solo se paga a maestros, a quienes no lo eran.

Según relató Guillén, se trata de 34 personas a quienes en total se ordenó un pago de 10 mil millones de pesos “y entre ese grupo de personas... Hay empleados del servicio doméstico, hay celadores, pero muy poco maestros”.

No obstante, uno de los casos más cuantiosos tiene que ver con un pago que fue ordenado realizar a Caprecom, por $60 mil millones de pesos.

“Esta es una banda de abogados que ya tenemos un poco localizados. Se crean títulos ejecutivos falsos y se inicia todo el proceso ejecutivo con connivencia del juez y se ordena el embargo de los recursos. En ese momento se da la orden al Banco Agrario de hacer el pago, se pagan 60 mil millones por una obligación inexistente”, expresó.