Así lo está evaluando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado quien, tras la supresión del DAS, quedó a cargo de ese tema de las interceptaciones. Su directora, Adriana Guillén, explicó que una condena de la Corte sentaría un precedente para que el Estado pierda en los procesos que cursan en el Consejo de Estado y que han interpuesto las víctimas como Gustavo Petro y Piedad Córdoba.

“Si la Corte condena al Estado, eso se suma una serie de elementos que nos van a llevar a que podamos perder en el contencioso administrativo. Lo que hay que mirar son todos los elementos de cada una de las víctimas y mirar qué tan probado está el daño”, indicó.

Guillén explicó que hasta el momento se registran demandas individuales que alcanzan más de 13 mil millones de pesos y por eso será necesario evaluar cada caso en particular para determinar si hay lugar a conciliar.

Así, explicó Guillén, si se llega a conciliar, la Agencia buscará que se cumpla dentro de los topes máximos que ha fijado el Consejo de Estado en materia de las indemnizaciones que no sobrepasan los 100 salarios mínimos legales vigentes.