Las dudas, los mitos y las falsas ideas que se han tejido alrededor de los acuerdos logrados en La Habana fueron explicados este miércoles por el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro,  durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

El jefe del equipo negociador calificó los acuerdos como los primeros  pasos en la construcción de un nuevo país que permitirán el fortalecimiento de la democracia con respeto a  la Constitución y  a ley.

De igual forma, agradeció   el documento que el Centro Democrático publicó en días pasados sobre las objeciones que ellos tienen a los acuerdos de La Habana, dijo que  estas constituyen una combinación entre inquietudes legítimas y críticas que siempre serán bienvenidas y enriquecen el debate público,  sin embargo,  agregó que  también hay afirmaciones absolutamente equivocadas  que no corresponden a la verdad de lo pactado.

El Gobierno contestó una por una las  inquietudes  del Centro Democrático y puso a su disposición un extenso y detallado texto. Estos son los apartes textuales más importantes de la explicación:

Resumen

Nada de lo pactado conduce a un proceso de colectivización de la tierra. Las normas sobre expropiación y extinción del dominio están vigentes hace muchos años y nadie podrá decir que esas leyes han producido la llamada colectivización socialista del campo. A esas leyes no se les ha cambiado una coma en lo acordado en La Habana. En verdad, los ataques del Centro Democrático no son realmente contra lo pactado. Son ataques a la legislación vigente, que rige desde el siglo pasado. Ese es el verdadero sentido político de sus críticas.

Parte esencial del Acuerdo al que se llegue es la dejación de armas. No hay allí equívoco de ninguna naturaleza. No habrá paz armada. La implementación de la paz mediante el desarrollo de los Acuerdos exige el cumplimiento integral y simultáneo de todas las obligaciones contraídas, entre ellas la dejación de armas.

Lo acordado sobre drogas y cultivos ilícitos hace énfasis en la sustitución voluntaria con participación de las comunidades. Si ella no es viable, hay lugar a la erradicación forzada manual.

El Estado se ha reservado el derecho a fumigar en casos excepcionales. Las FARC se comprometen como ya se dijo,  por una parte a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y por otra parte,  a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

La participación política busca ampliar los desarrollos democráticos que están vigentes pero que pueden ser perfeccionados buscando una mayor inclusión, mayor limpieza y autenticidad en los procesos electorales, apertura hacia nuevos movimientos e inclusión de zonas excluidas a consecuencia del conflicto.

Las circunscripciones transitorias de paz no son para darle cupos a las FARC. Son para las comunidades. Si las FARC desarmadas a través de un partido o movimiento desean participar en política, se les brindarán las garantías necesarias. También ellas deben asegurar esas garantías a la sociedad. Quién participa en concreto es algo que debe resolverse dentro del marco de la justicia transicional.

Explicación detallada

Reforma Rural Integral:

El objetivo de la Reforma Rural Integral es la transformación estructural del campo, mediante la creación de condiciones de bienestar para la población rural. Se trata de cerrar la brecha histórica entre lo urbano y lo rural. No es una anticuada reforma agraria basada en la simple distribución de tierras desnudas, sino un esfuerzo completo, integral, que busca asegurar la supervivencia digna de la familia campesina y mejorar la productividad del campo.

1. Las falacias sobre la pretendida “colectivización” de la tierra.

Es cierto que se creará un Fondo de Tierras para brindar acceso a los campesinos que carecen de ella o que la poseen de manera insuficiente.

Este Fondo se nutrirá principalmente de tierras en manos de narcotraficantes y corruptos, o de personas que mediante el fraude le han arrebatado terrenos baldíos al Estado. Los únicos que tienen que preocuparse son los delincuentes. Ningún propietario legítimo tiene nada que temer.

Es falso que el Acuerdo haya modificado las normas sobre expropiación o sobre extinción del dominio. Las normas que regulan estas materias están vigentes desde hace años, desde el siglo pasado. No le hemos cambiado una coma a esas normas.

En efecto:
 

Como se dijo, la principal fuente de tierras provendrá de la recuperación de las que hoy son poseídas mediante el delito. La expropiación no es una prioridad. Creemos, con fundamento en investigaciones de expertos, que la extinción judicial y la recuperación de baldíos de la Nación indebidamente adquiridos, satisfacen  en la mayor proporción las necesidades de tierra para el fondo. Pero el hecho, repito, es que las normas sobre expropiación no se han modificado en el Acuerdo.

Esto lo digo de manera categórica. Obviamente, ello implica que la expropiación, si remotamente hay que utilizarla en zonas de gran microfundio, se hará mediante el pago de indemnización a valor comercial, incluyendo en esto la expropiación por vía administrativa que, por su lado, es una figura existente en el artículo 58 de la Constitución.

2. En cuanto a la extinción de dominio:

En la legislación vigente existe la extinción judicial para las tierras adquiridas con recursos ilícitos y la recuperación de baldíos apropiados de manera fraudulenta. Ese es el principal instrumento acordado, pero las normas que lo regulan no han sido modificadas por el Acuerdo. Simplemente se mencionan como una herramienta vigente.

Y en cuanto a la extinción administrativa del dominio, para tierras inexplotadas, esta figura ha estado vigente desde hace 80 años, y refrendada desde la ley 160 de 1994. El Acuerdo no cambia un solo renglón de esa ley. Es pues absolutamente falso que en el Acuerdo se hayan pactado instrumentos para la colectivización de la tierra.

Lo que sí tenemos que decir con claridad es que a juicio del gobierno, como lo acaba de señalar la Misión Rural, es que la desigualdad en la distribución de la tierra es elevadísima. Creemos firmemente que brindar acceso a los pobres a la tierra y erradicar la ilegalidad en la apropiación de la misma, es un imperativo, una tarea que no da espera. Estamos dispuestos a defender esta idea en los escenarios de la democracia.

No se justifica tenerle miedo a la Reforma Rural Integral por cuenta de la figura de las Zonas de Reserva Campesina. Éstas son una figura de asociación más que está en la ley y que existe hace veinte años, el Acuerdo no modifica ni predetermina nada de esta figura. Apoyar el acceso a la tierra y los planes de desarrollo también en las Zonas de Reserva Campesina, es una forma de fortalecer las comunidades rurales. En un escenario de construcción de paz esto por supuesto no es una amenaza, es sinónimo de bienestar para quienes habitan en el campo.

3. Coexistencia de diversas formas de explotación de la tierra.

Es cierto que en algunas zonas el desarrollo moderno exige grandes inversiones en extensas plantaciones. El Acuerdo hace énfasis en la economía familiar y campesina, pero no impide que se satisfaga esa necesidad, ya que explícitamente prevé que la agroindustria y la economía familiar pueden coexistir. Dice literalmente el Acuerdo, cito entre comillas, que el papel de la economía campesina se atiende “en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria”.

Es más, en el comunicado conjunto firmado por ambas partes, se señala que esta coexistencia se asume “de cara al proceso de globalización” económica. Hay aquí, pues, una nueva afirmación que contradice de manera clarísima la verdad de lo pactado.

4. El derecho de propiedad.

El Acuerdo respeta la propiedad privada. Es más, promueve un amplio proceso de formalización de la propiedad. Entre el 40% y el 50% de los predios carecen de títulos. Lo pactado está dirigido a superar eso. ¿Puede seriamente decirse que el Acuerdo pone en riesgo la propiedad?

5. Centro Democrático afirma que el acuerdo valida discurso de las Farc

Nada justifica el uso de la violencia en una democracia. Pero sí reconocemos que el conflicto de 50 años ha tenido graves efectos en el campo y el bienestar de la población, efectos que hay que reversar. Y perduran en el mundo rural condiciones que facilitan la persistencia de la violencia. Eso hay que superarlo.

6. El trabajador agrario.

Critica el Centro Democrático que cuando el Acuerdo habla del trabajador agrario como beneficiario de la reforma rural integral, “hace ilimitado el alcance de las medidas contra la propiedad rural”. Nada más equivocado. ¡Cómo les parece que la expresión “trabajador agrario” es la que usa nada menos que la propia Constitución! Esta es una nueva crítica verdaderamente exótica e infundada.

7. Sobre la organizaciones comunitarias. Uso del suelo.

No  es cierto  que tales organizaciones, que existen en todo el territorio nacional, sean manejadas por las FARC. El gobierno confía en la gente y en su capacidad de participar al lado de las autoridades para mejorar sus condiciones de vida. En todo el mundo, incluso en Colombia, está probado que la asociatividad es una buena manera de reactivar el campo. Este es otro debate que estamos dispuestos a profundizar en un ejercicio de transparencia. Además, la participación de ellas está prevista para luego del fin del conflicto, cuando opere la dejación de armas que es un elemento insustituible del Acuerdo como lo diré más adelante.

Ahora bien, cuando se dice en el Acuerdo que hay que establecer lineamientos para el adecuado uso de la tierra según su vocación, esto nada tiene que ver con la planificación centralizada. La idea absolutamente contemporánea es atender impactos medioambientales por el mal uso de la tierra. No es que se diga que en una parcela hay que sembrar maíz o fríjol, sino racionalizar los conflictos entre agricultura, ganadería y uso forestal. Es un tema de sostenibilidad ambiental. Este es un tema que hace parte de cualquier agenda actual.

8. Financiación.

Colombia tiene el potencial fiscal para asumir el compromiso de acometer las transformaciones que son indispensables para aclimatar la paz. Dice el Centro Democrático que reducir la pobreza tal como ha sido pactado cuesta 69 billones de pesos, cifra que es el resultado de darle un subsidio de $ 136.000 durante diez años. Ahí surge la idea anacrónica del asistencialismo directo que es lo contrario de lo que el gobierno tiene en mente. El enfoque del Acuerdo se fundamenta en provisión de bienes públicos con enfoque territorial, que en un esquema de libertad e iniciativa individual propicie el desarrollo. Eso de hablar de subsidios para “cada persona” durante una década es una caricatura que no contribuye a la lealtad en la discusión.

9. Zonas de Reserva Campesina.

Decir que se le entrega al terrorismo la definición de tales zonas es absolutamente falso. Las Zonas de Reserva Campesina fueron creadas mediante ley de 1994. El procedimiento para su constitución está en cabeza de entidades del Estado. Eso no ha sido modificado. Lo único que se dice en el Acuerdo es que el gobierno se compromete a apoyar el acceso a la tierra y los planes de desarrollo en esas zonas. Decir que serán corredores estratégicos de las FARC no solo es contraevidente, porque el acuerdo ni de lejos permite esa posibilidad, son que olvida que el Acuerdo implica la dejación de armas.

10. Dejación de armas.

En el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, las FARC aceptaron, por primera vez en su historia, discutir el proceso de “Dejación de armas”, que es el término técnico que se ha usado para estos procesos en Colombia. Por ejemplo, en marzo de 1990 Carlos Pizarro el comandante del M-19 dijo: “El M-19, en manos de su comandante hace dejación de la última arma que tienen en su poder”.

Por supuesto que la construcción de paz bajo una veeduría armada de las FARC es inadmisible y por eso esa visión quedó excluida del Acuerdo General  de la Habana de 2012. En todo caso el punto no ha sido aún discutido en esta fase del proceso y cualquier interpretación sobre el proceso de dejación de armas es pura especulación. Garantizamos que no habrá una especie de paz armadas en Colombia

11. Drogas Ilícitas

Dice el Centro Democrático en el  acuerdo que  el Gobierno no obligó a las FARC a reconocer lo que todo el mundo sabe: que son narcotraficantes  y que han financiado su violencia contra el pueblo colombiano con los recursos del narcotráfico.

No es cierto. En primer lugar el Acuerdo ente el Gobierno y las FARC reconoce “que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto”. De la misma manera el Gobierno y las FARC acordaron que “la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización  de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país” a este esclarecimiento deberán contribuir las FARC y los paramilitares y, probablemente, también figuras políticas que han tenido relación con el narcotráfico.

En segundo lugar, las mismas FARC asumieron el compromiso, por una parte de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y por otra parte “de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Las formas particulares que tomen estos compromisos aún no se han discutido. En todo caso, luego de la firma del Acuerdo Final las FARC tendrán que responder con estos compromisos ante el Gobierno y la sociedad colombiana, para lo cual en el Punto 6 se acordarán los mecanismos de verificación y seguimiento de lo acordado.

12. La erradicación de los cultivos de coca

Queda subordinada al principio de la erradicación voluntaria. El Estado renuncia a la aspersión de los cultivos y legaliza la siembra de coca.

El proceso parte de un acuerdo entre las autoridades y las comunidades  que “incluye la formalización del compromiso tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”.

No hay condiciones previas que el Estado deba cumplir antes de empezar el proceso de sustitución. Por otra parte, el Gobierno procederá a la erradicación manual de los cultivos cuando “haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos (4.1.3.2.).

Por último, el Gobierno se comprometió a erradicar los cultivos de uso ilícito, “priorizando la erradicación manual donde sea posible”. Donde no sea posible se reserva la posibilidad de fumigar. Otra afirmación del Centro Democrático absolutamente contraevidente.

13. Participación política

Se afirma que Colombia el acuerdo parte de la base de que en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista, y no hay garantías para la participación y la inclusión política.

En ninguna parte del Acuerdo se dice que la democracia en Colombia sea estrecha, que no sea pluralista o que no existan garantías para la participación y la inclusión política.

Otra cosa muy distinta es reconocer que en un escenario de fin del conflicto: 1. Hay necesidad de abrir espacios en la política para quienes estaban en armas -de eso se trata un proceso de paz- y dar todas las garantías posibles para el ejercicio de la oposición política y también para las actividades de los movimientos sociales; 2. Hay necesidad de promover la participación política y ciudadana de la ciudadanía en las zonas de conflicto que por décadas han estado al margen de la vida política del país; 3. Hay necesidad también de abrir espacios para nuevos movimientos políticos que surjan en el contexto de una transición, luego de la firma de un Acuerdo para la terminación del conflicto.

Es lógico que ante un cambio histórico de tal magnitud sea necesario abrir nuevos espacios de participación: el debate democrático siempre ha sido el mejor mecanismo para consolidar la paz.

La condición necesaria, por supuesto, para la implementación de todo lo anterior es como dice el Acuerdo del punto 2 la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política:

“La firma e implementación del Acuerdo Final contribuiráì a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicaraì la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”.

14. Régimen Electoral

Se dice que una revisión integral del régimen electoral debe hacerse con los partidos de la democracia.
Así lo establece el Acuerdo. En el punto 2.3.4 acordamos una “Reforma del régimen y de la organización electoral”, la cual se llevará a cabo bajo la dirección de una misión electoral especial, conformada por expertos de alto nivel, que presentarán sus recomendaciones con base en buenas prácticas nacionales e internacionales y en los insumos que reciba de los partidos y movimientos políticos y de las autoridades electorales. Lo mismo se pactó sobre el Estatuto de la Oposición. Será discutido luego del fin del conflicto, en democracia  y con todas las fuerzas políticas.

15.  Combinación de todas la formas de lucha y respeto a la oposición política

El acuerdo no contiene ninguna condena a “la combinación de todas las formas de lucha”, estrategia que han practicado los terroristas durante décadas y que ha producido centenares de miles de víctimas en el país.

El Acuerdo del punto 2 dice: “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuiráì a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicaraì la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”.

16. Circunscripciones territoriales.

Dice el Centro Democrático que el gobierno guarda en secreto cuántas Circunscripciones Especiales de Paz le está ofreciendo a los terroristas, en cuáles sitios del país, con cuántos representantes a la Cámara, y durante cuántos períodos electorales.
En primer lugar, el Acuerdo no guarda nada en secreto. Simplemente no ha habido acuerdo aún sobre el número y duración de estas Circunscripciones.

En segundo lugar, el Gobierno no considera que la población en las zonas marginadas más afectadas por el conflicto donde probablemente se establecerán de manera transitoria estas circunscripciones sean “terroristas”, ni que en un escenario de construcción de paz sin armas vayan a ser víctimas de la coerción de grupos armados.

El propósito de las Circunscripciones Transitorias Especiales es permitir que quienes han estado al margen de la vida política del país porque habitan en las regiones más apartadas y más afectadas por el conflicto puedan tener durante un período de transición mayor representación en la Cámara de Representantes. Es precisamente una medida de integración territorial.

Por otra parte, se trata de una medida política transitoria y excepcional que promueve la aparición de nuevas voces “tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros.”  La razón por la cual los partidos ordinarios no pueden competir allí, es porque ellos ya han obtenido la representación normal en cada departamento. Es para evitar que simplemente los partidos se apoderen de estas circunscripciones, cuya número transitorio de curules es adicional a las curules ordinarias.

17. Consultas previas.

Se afirma que con el pretexto de aumentar la participación comunitaria en las decisiones gubernamentales, se hacen universales las consultas previas, cuyo abuso ha paralizado el desarrollo del país en muchos sectores.
No es cierto. En ninguna parte del Acuerdo se aborda el tema de las consultas previas. Esta es otra enorme invención.

Esperamos haber contribuido al debate democrático. Estamos listos a responder y aclarar a la opinión pública los pormenores de lo ya acordado. Lo que sí nos parece esencial es que estos debates, que son bienvenidos, se hagan a partir de información cierta y en un marco de lealtad a la verdad y a los valores democráticos.