Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar

Al paro que vive actualmente el sector judicial del país se le debe sumar la desobediencia y la huelga de hambre por parte de los internos de varias cárceles del país y el plan reglamento al que se han unido 70 centros penitenciarios de todo el territorio nacional.

colprensa, bogotá

La vulneración del derecho a la defensa y un choque de opiniones entre funcionarios hacen parte del negativo balance que arrojan 15 días de paro judicial de los funcionarios de la rama en el país.

Las cifras, aunque no son oficiales, hablan de 150 mil ciudadanos afectados por este cese de actividades y, al menos, 30 mil procesos devueltos porque no hay jueces para atenderlos.

La huelga, que comenzó el pasado jueves 9 de octubre, fue motivada por el incumplimiento del Gobierno en la nivelación salarial, la mejora en las condiciones laborales y las denuncias sobre la burocracia en la Fiscalía, según recordó el vicepresidente de Asonal Judicial, Gustavo Martínez.

“El paro no es ilegal y es justo”, con esta arenga unas cinco mil personas pertenecientes a la rama judicial marcharon el jueves desde los Tribunales de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar para pedir al Gobierno nacional que se siente a negociar.

Gustavo Martínez, vicepresidente de Asonal Judicial, expresó “queremos hacer un llamado directo al Gobierno nacional para que abra la mesa de negociaciones. El Presidente debe tomar cartas en el asunto, pues las necesidades de la rama y el presupuesto no esperan más”.

Agregó, “hay que aclarar que las peticiones son justas; es cierto que hay anormalidad judicial, pero la gente debe entender que estamos pidiendo un presupuesto justo”.

La negociación

El fiscal Eduardo Montealegre rechazó el paro judicial, al reiterar que la protesta es injustificada y destacó los avances de la reforma judicial.

“La reforma representó un incremento salarial para más de 10.500 servidores de la entidad, simplemente como resultado de la aplicación de las equivalencias contenidas en el Decreto Ley 17 de 2014”.

Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez, expidió un comunicado haciendo “un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional, en especial al Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que sean asignados los recursos que le permitan a la Rama Judicial dar continuidad a las medidas de descongestión...”.

Ricaurte señaló que las medidas de descongestión solo están aseguradas hasta el 15 de noviembre y, para culminar el año, se requieren 73 mil millones de pesos.

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EL NUEVO DÍA

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