Senado asciende a cinco militares acusados de violaciones a DD.HH.

Archivo - EL NUEVO DÍA
En total 29 militares ascendieron de rando ayer tras la aprobación de la Comisión Segunda del Senado.

RESUMEN AGENCIAS

La Comisión Segunda del Senado aprobó ayer la propuesta del Gobierno de ascender al rango de general a cinco oficiales militares sobre los cuales existen sospechas de graves violaciones a los derechos humanos.

Se trata de los brigadieres generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza y Gabriel Hernando Pinilla Franco, a los que se une el coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, cuya petición de ascenso a generales se presentó junto con la de otros 29 militares.

La polémica surge porque se les acusa de ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado ocurridos en las zonas en las que operaron batallones para su mando, pero también porque, denunciaron los legisladores, sus historiales no se entregaron siguiendo los tiempos que establece el Senado.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda explicó que emitió su voto negativo al ascenso de los cinco oficiales por estas sospechas, que pudo comprobar, aseguró, gracias a investigaciones que realizó por su cuenta.

Además, dijo que “la experiencia demuestra que por la forma en que se realizan los ascensos, se han tomado decisiones a la ligera que han tenido graves consecuencias” y apuntó que “se requiere un examen a fondo de este procedimiento que brinde transparencia y rigurosidad”.

Por su parte, la senadora Thania Vega, del Centro Democrático, consideró que oponerse a la promoción por estas acusaciones “es ir contra el derecho al buen nombre” de estos militares.

“Él (Cepeda) habla de que no se trata de violar el principio de presunción de inocencia. Entonces ¿qué es lo que está haciendo? ¡Está violando ese principio!”, expuso Vega en un acalorado debate.

La senadora está casada con el coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas Vega, encarcelado por desaparición durante la operación militar de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Credito
EL NUEVO DÍA

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