RESUMEN AGENCIAS

La Fiscalía General concluyó que no hay elementos para considerar que por las actuaciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el colapso de basuras que se presentó en la ciudad en 2012 se hayan cometido delitos, razón por la que archivó esa investigación.

El ente acusador archivó la actuación por los delitos de contratos sin el lleno de requisitos legales, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

La decisión beneficia al alcalde Gustavo Petro; a Diego José Fernando Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, y a Henry Romero Trujillo, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp).

Frente a esta decisión el primer mandatario de la ciudad celebró en su cuenta de Twitter la determinación de la Fiscalía y dijo: “Archivo de la investigación penal contra mi es un triunfo de toda Bogotá, de la Bogotá democrática y progresista. De la justicia y la democracia”.

Agregó en esa red social que “esto demuestra que había intereses no tan ocultos en el complot contra el nuevo esquema de aseo que pusimos en marcha en Bogotá”.

Ante el cierre de la investigación penal, el procurador General, Alejandro Ordóñez afirmó que respeta las decisiones de la justicia, pero aclaró que estas no afectan los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público.

Antecedentes

El 9 de diciembre del año pasado el procurador General, Alejandro Ordóñez anunció la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo de Bogotá, en hechos presentados hace dos años.

La sanción fue impuesta por la contratación de las empresas Acueducto de Bogotá y Aguas de Bogotá para que asumieran la prestación del servicio público de aseo de la capital de la República, sin tener en cuenta que no contaban con la experiencia y la infraestructura para ello.

Otros investigados

El ente acusador concluyó que sí existen elementos materiales probatorios para imputar cargos por el delito de prevaricato por acción contra algunos funcionarios del Distrito.

En especial contra Nelly Mogollón, exdirectora de la Uaesp, por declarar la urgencia manifiesta en diciembre de 2012 sin existir los requisitos necesarios para que esa figura fuera necesaria.

Así mismo, a Carlos Rojas Rivera, exsubdirector de Asuntos Legales de la Uaesp, se le imputará el delito de prevaricato por acción por las limitaciones que este funcionario habría impuesto al libre acceso al relleno sanitario Doña Juana. Esto explicaría el colapso que se dio en la prestación de este servicio en diciembre de 2012.

También investigarán por el delito de falso testimonio a los contratistas Manuel Sánchez y Emilio Tapia en virtud de las graves inconsistencias en que incurrieron sobre el supuesto complot de operadores privados en el servicio de aseo.