Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que estudiará la posibilidad de implementar una ‘policía rural’ con asesoría de la gendarmería francesa, se conoció que no descarta que miembros de las Farc hagan parte de la misma.

Al término de una reunión con su homólogo francés, François Hollande, el presidente Santos también dijo que dentro de los acuerdos pactados durante su visita oficial a París está la implementación de las primeras escuelas agrarias en Colombia.

En materia de seguridad los gobiernos pretenden que el país europeo diseñe un cuerpo especial de seguridad para el campo colombiano, con enfoque diferencial para las regiones y que sería dirigido por la Fuerza Pública.

Sobre la posibilidad de que desmovilizados participen en la policía rural, el mandatario señaló que “no se me ha ocurrido, pero no lo descarto. Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido”, enfatizó explicando que los recursos destinados al conflicto se podrán reorientar en materia de seguridad ciudadana.

Uribe se opone

Tras conocer el anuncio del jefe de Estado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó su posición en contra de la posibilidad de una policía rural integrada por desmovilizados de las Farc.

A través de su cuenta de Twitter expuso su opinión. “Si policía rural va a estar integrada por desmovilizados de la Farc, los colombianos tenemos que decir no” y “es funesto para el país que personas que han sido terroristas cumplan funciones de policía en Colombia”, fueron los mensajes del hoy Senador.

HASTA $2.7 BILLONES PODRÍA COSTAR el DESARME

Un estudio de la Contraloría General de la República revela que la inversión de recursos requerida por el Estado en caso de una posible desmovilización de las Farc estaría entre $1.8 y $2.7 billones.

Sin embargo, la cifra de recursos requeridos iría más allá. La Contraloría afirma que “probablemente serán destinados mayores recursos por el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del posconflicto”.

Así lo dice el organismo en el estudio sectorial sobre la inversión que se requeriría para llevar a cabalidad los programas de la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, que fue objeto de análisis por la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad.

La Contraloría estima que la inversión promedio realizada por el Estado para efectuar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración durante dicho período fue de $66.7 millones por persona, si se tiene en cuenta que durante este período se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas.

¿Qué opina de una policía rural con desmovilizados?

Francisco

Romero

Comerciante

“A los colombianos nos falta mucha información sobre el proceso de paz y sobre lo que será una policía rural. Hay que esperar cuál es el planteamiento final del Gobierno y de las Farc”.