RESUMEN AGENCIAS

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, y el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunciaron que por la conformación de un presunto ‘cartel de vigilancia y seguridad privada’ se les imputará cargos a 16 empleados que fueron vinculados a la investigación.

El Vicefiscal explicó que se trata de un cartel que involucra a ocho empresas y 30 personas naturales, a quienes se les abrirá un proceso de carácter penal por crear una red de contratación y de licitaciones con falsa documentación.

“Estas personas deberán responder por el delito de acuerdos restrictivos de la competencia que contempla una pena entre seis a 12 años de cárcel”, dijo el Vicefiscal Perdomo.

Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló que a partir de estas actuaciones, “se formuló pliego de cargos contra ocho empresas del citado sector, como Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Guardianes, Sejarpi, Insevig y Segurity Management Group; que se ‘cartelizaron’ en 252 contrataciones públicas adelantadas ante 149 entidades estatales entre 2010 y 2012”.

“No tenemos pruebas ni decisiones con relación a la participación a cualquier título de empleados públicos en esos procesos licitatorios. Por eso, no podemos hablar de una persona en particular, sino de 32 que hoy en día tienen pliego de cargos en los temas de la presunta ‘cartelización’”, dijo el superintendente Robledo.

Entre el listado de personas con pliego de cargos, según la Superintendencia, se encuentra el exfuncionario y exdirector de la desaparecida Caja Popular Cooperativa, Jorge Arturo Moreno Ojeda.

ASÍ DESTAPARON EL CARTEL

La investigación preliminar que dio origen al pliego de cargos se inició en 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Icbf, según la cual varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública.

Después de adelantarse las primeras visitas administrativas de la Superindustria en 2012, se advirtió que los presuntos actos de ‘cartelización’ se habrían presentado no sólo en la licitación del Icbf, sino en 252 procesos de contratación estatal en más de 149 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

Posteriormente, en diciembre pasado, el exrepresentante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento.

La Fiscalía logró establecer que estas empresas concertaron 100 licitaciones de las cuales lograron ganar 25 por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.

Entidades afectadas

Entre las 149 entidades públicas afectadas por el presunto actuar de las empresas de vigilancia privada investigadas están:

- Contraloría General de la República.

- Fiscalía General de la Nación.

- Rama Judicial.

- Superintendencia de Notariado y Registro.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

- Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

- Además, 13 Gobernaciones, 37 Alcaldías y otras varias entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.