Por eso ahora la expectativa es por su testimonio, para conocer quienes dieron la orden y se beneficiaron de esas actividades ilegales. Y es que para poder conocer esto el propio fiscal Eduardo Montealegre, la invitó a colaborar con la justicia. 

“Reiteramos, como lo hemos hecho en meses anteriores, un llamado a María del Pilar Hurtado para que colabore con la justicia, para que contribuya a recuperar la verdad histórica de estos graves hechos que afectaron al país, para que cuente quién dio la orden de éstas interceptaciones ilegales, quiénes fueron los destinatarios al interior del Estado de estas informaciones, de estos seguimientos, de estas graves violaciones a los Derechos Humanos”, dijo el jefe del ente investigador. 

Sin embargo, todos se preguntan ¿qué podría ganar María del Pilar Hurtado hablando?, sí solo se está esperando que la Corte Suprema de Justicia emita un sentido de fallo en su contra, por lo que se vencieron todos los términos jurídicos para lograr una negociación con el ente investigador y así obtener beneficios. 

Pues tal parece que todas las vías no están cerradas y la Fiscalía tiene lista una estrategia que solo podrá ser llevada a cabo en el momento en que la ex directora del DAS sea condenada. 

Otra vía de negociación 

Y aunque el panorama muestra que no es posible lograr un beneficio para la exdirectora del DAS, existe una última opción de negociación y es en el marco de un proceso judicial que está todavía abierto en el que se le investiga por la tortura y amenazas en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos. 

“Se puede estudiar que le otorguen una detención domiciliaria, y se logre un preacuerdo con ella para que alcance una condena no tan alta. Para que seguidamente se solicité un posible estudio ante un Tribunal del estudio de la unificación de las penas”, señaló a Colprensa una fuente del ente investigador. 

Así las cosas, solo resta esperar que la Corte Suprema de a conocer sus decisión, la cual según ha dicho la Fiscalía sería una condena de 15 a 20 años de prisión por ser responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.