Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 1999 cuando la joven víctima estaba en la plazoleta de Tame (Arauca) y fue abordada por dos hombres que la obligaron a subir a la moto en que se movilizaban. 

De allí fue llevada a un lugar solitario donde fue violentada sexualmente por los hombre que se identificaron como miembros de la guerrilla, pero que tras las investigaciones se conoció que eran suboficiales en servicio activo del Ejército. 

Por estos hechos un juez de Saravena (Arauca) los condenó a pagar 15 y 12 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento. 

Aunque tras el abuso la familia de la víctima demandó al Estado, el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones en primera instancia. 

Por ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, señaló que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas de los actos criminales que puedan cometer sus propios agentes u otros individuos, y más cuando se trata de prevenir y proteger a la mujer de cualquier forma de violencia o discriminación en su contra. 

“Aunque la violencia sexual ejercida por algunos miembros de la Fuerza Pública debe interpretarse como un fenómeno atribuible a agentes individualmente considerados y no como una práctica general de la Institución, es innegable que los altos índices de participación de miembros de esa institución en tales hechos evidencian una situación que, cuando menos, debía alentar a la entidad a adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar su ocurrencia”, indica la sentencia. 

La Sala señaló también que la agresión a esta mujer hace parte de un contexto general de violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado interno, pues para la época de los hechos, la violencia sexual en medio de la guerra era un fenómeno extendido y sistemático, en el cual participaban, aunque en menor escala, miembros de la Fuerza Pública. 

“El crimen cometido tenía un propósito múltiple: no solo pretendía la satisfacción de la lascivia de los agresores, sino que, además buscaba el desprestigio del enemigo, mediante la imputación falsa de una conducta criminal específica para lograr sobre él una ventaja militar. Este tipo de acciones son típicas de la guerra y, en la medida en que implican la utilización de la población civil para fines estrictamente relacionados con el conflicto, comprometen la responsabilidad del Estado”, explica la sentencia. 

En vista de ello, el Ministerio de Defensa tendrá que pagar más de 483 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima y a su familia, y además, tendrá tres meses para diseñar e implementar un programa de capacitación de los miembros del Ejército Nacional que cumplen funciones en el departamento de Arauca, orientado a la amplia difusión y socialización de los derechos de la mujer.