En la voz del negociador Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’, las Farc afirmaron que “no hay posibilidad alguna de esclarecer, ni de aproximarse a la verdad de lo ocurrido en Colombia durante el largo conflicto político y armado, si la sociedad en su conjunto no tiene la oportunidad de acceder a fuentes fidedignas de información, a la documentación que nos permita llegar a la verdad pura y limpia de lo sucedido”.

Para esta guerrilla, “la reconciliación ha de construirse sobre la verdad de lo ocurrido, no siendo posible alcanzarla únicamente con las explicaciones y argumentos que cada una de las parte podamos esgrimir”.

Según lo expresado, las Farc aspiran a que en algún momento el Gobierno dé a conocer “la totalidad de los documentos reservados del Estado relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto”.

Para hacer esta petición, las Farc se sustentan en que “el Derecho Internacional impone al Estado en estos procesos, y así fue reconocido y asumido por ambas partes cuando aprobamos el “Punto 5º, Esclarecimiento de la Verdad”, de la “Declaración de Principios para la discusión del punto 5º de la agenda, Víctimas”, en junio de 2014”.

Según las Farc, “este deber de abrir los Archivos se establece sin margen posible de interpretación en el ‘Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad’ aprobados el 8 de febrero de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Con el fin de presionar al Gobierno para que realice esta apertura pronto, las Farc hacen un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que “unan su voz a las muchas, que dentro y fuera de Colombia, están clamando por la apertura de los archivos relacionados con el conflicto”.

El comunicado leído por alias ‘Joaquín Gómez’ concluye diciendo que estas instituciones “no solo deben velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, sino también hacer un reconocimiento a las víctimas”.