Para llegar se debe transitar una carretera de barro y piedras durante casi una hora desde el municipio caucano de Timba. No aparece en los mapas. Basta con hacer una búsqueda en Google Maps para comprobar su anonimato, su casi invisibilidad. 

Otras señales que evidencian el abandono al que están sometidos los habitantes de esa vereda son, por ejemplo, el hecho de que no tengan un centro de salud y que la escuela, que recibe a 170 estudiantes desde el grado cero hasta segundo de bachillerato, cuente con solo cinco aulas, lo que obliga a los profesores a dictar algunas clases en el salón comunal. 

También se puede citar que la mayoría de casas son construcciones de madera y bahareque con tejas de lata y que el acueducto es un sistema de tubos construido por la misma comunidad, que debe pagarle a un fontanero para que se encargue del bombeo diario del agua. 

Para Flor Alba Guasaquillo, profesora de la escuela, la masacre de los once militares es “la peor tragedia” que pudieron vivir en La Esperanza, sin embargo y paradójicamente, dice la mujer, ese hecho los ha “puesto sobre el mapa”. 

“Aquí nunca había venido ningún periodista y ahora ya hasta salimos en televisión. Ojalá sirva para algo más que solo hablar de esto que nos pasó. Qué rabia que tengan que matar a once personas para que se interesen por nosotros”, dice Flor Alba. 

La profesora dice que espera que con las menciones en radio, las imágenes de la televisión, los periódicos y las fotos, los gobernantes se sensibilicen con la situación de la vereda y, cuando menos, hagan presencia para escucharlos. 

Claudia, una mujer de 32 años y con cinco hijos, dice que, por el contrario, tiene miedo de que por una ofensiva del Ejército contra las Farc como consecuencia de la masacre, tenga que desplazarse de la vereda para que ni ella ni sus hijas se conviertan en víctimas. 

“Ya hay mucha gente que está pensando en irse, pero yo no tengo para dónde”, comenta. 

Ambas mujeres, la que anhela la presencia de sus gobernantes y la que espera no verse obligada a desplazarse, son los rostros de la encrucijada que a diario los habitantes de La Esperanza deben enfrentar. 

Las Farc y la coca

De acuerdo con el analista Camilo Echandía, los municipios del norte del Cauca, entre los cuales está Buenos Aires, constituyen una zona militar y económicamente estratégica para las Farc pues, por un lado, permite la comunicación entre el Comando Conjunto Occidente, el Bloque Sur y el Bloque Oriental y, por otro lado, le facilita una salida al mar para el tráfico de drogas y armas. 

“Esta zona fue tomada militarmente por las Farc luego de las fallidas negociaciones con el expresidente Pastrana en El Caguán. Lo hicieron para consolidar una salida hacia el mar Pacífico, luego de que perdieran la salida por Urabá”, afirma el analista. 

El norte del Cauca, afirma el comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, general Wilson Cabra, constituye además para las Farc un área de cultivo de coca y un corredor para el tráfico de cocaína. 

De acuerdo con Cabra, la importancia como corredor del norte del Cauca radica en que allí se encuentra la salida hacia El Naya, punto por el cual pasa la mayor parte de insumos para el procesamiento de la hoja de coca y a su vez, sale hacia el mar Pacífico la cocaína. 

Para el 2013, según con un informe de la Fuerza de Tarea Apolo, la región del norte del Cauca en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, y en el Valle, en el municipio de Jamundí, “afrontaba problemas por la presencia de organizaciones ilegales de la Farc, especialmente con el enquistamiento de células de la compañía Miller Perdomo, frente urbano Manuel Cepeda Vargas y la tercera comisión del Frente 30, que debido a la poca presencia del Estado, se aprovecharon de la estratégica ubicación geográfica para posicionarse y afianzar el narcotráfico”. 

Fue por esta situación que, de acuerdo con el general Cabra, la Brigada Móvil 17 de la Futap se trasladó al municipio de Buenos Aires en 2013. Desde entonces, indican cifras del Ejército, la Futap ha destruido en esa zona 23 cristalizaderos, 19 invernaderos, 147 mil kilos de cocaína, 6500 kilos de insumos líquidos y 1460 kilos de insumos sólidos para el procesamiento de coca. 

A pesar de todo, los niveles de siembra de coca se mantienen altos, según lo muestra el último informe de la ONU sobre este tipo de cultivos. Las cifras señalan que El Tambo, en el norte del Cauca, es el séptimo municipio con mayor número de hectáreas de coca en el país y que el norte y el occidente del departamento son las zonas más afectadas. 

En la vereda La Esperanza, dicen sus propios habitantes, la actividad económica más importante es la venta de hoja de coca, que es comprada a un precio de $25 mil por arroba (25 libras). Tal situación hace que los frentes 29 y 60 de las Farc, así como la compañía Miller Perdomo (perteneciente al Bloque Móvil Arturo Ruiz), ataquen constantemente las unidades militares y de Policía que truncan el desarrollo de las actividades ilícitas del narcotráfico, indicó el general Wilson Cabra, comandante de la Futap. 

Asimismo, dijo el oficial, los subversivos han aumentado el uso de minas antipersona con el objeto de evitar la movilización de la tropa y de cuidar los cultivos de droga. El uso de tales dispositivos, no obstante, ha perjudicado en mayor medida a la población civil. Según la Oficina de Acción Contra las Minas de la Presidencia, en los últimos cuatro años seis personas han sido afectadas por este tipo de artefactos. Y en Suárez y El Tambo el número fue de 17 y 12 víctimas. 

La minería ilegal

Además del narcotráfico, el norte del Cauca sufre todos los problemas de seguridad que la explotación minera ilegal trae consigo. 

Según un investigador del CTI de Popayán, los municipios más afectados por este fenómeno son Suárez, Caloto, Santander de Quilichao, Morales, Buenos Aires y en la costa pacífica caucana, Timbiquí y Guapi. De acuerdo con el investigador, los responsables de le explotación minera ejercen control territorial sobre las poblaciones aledañas a las minas con el propósito de obligarlos a trabajar para ellos o, en casos como los de La Toma, corregimiento de Buenos Aires, a través de intimidaciones generan desplazamiento masivo para explotar libremente los recursos. 

“En este momento los habitantes de varias veredas de Buenos Aires así como de Morales estamos viviendo una situación muy difícil, porque quienes están explotando ilegalmente las minas nos están obligando a salir de esas zonas o a trabajar para ellos, con amenazas de muerte”, contó una mujer que tuvo que salir de La Toma debido a las amenazas recibidas por parte de las ‘Águilas Negras’. 

De acuerdo con la fuente del CTI, la minería ilegal está siendo controlada en algunas zonas por reductos paramilitares como las ‘Águilas Negras’ y en otras por grupos fuertemente armados que no se autodenominan de ninguna manera. En ambos casos, aclara la fuente, las estructuras de las Farc que operan en la zona cobran lo que se conoce como el “impuesto de la guerra”, que es un porcentaje del oro recogido. 

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de desplazamiento en el norte y la costa pacífica del Cauca, la explotación minera ilegal, sumada a la debilidad estatal en esas áreas y los continuos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los delincuentes, son las principales razones por las que la gente se desplaza en ese departamento. 

“Esto no se arregla con más bombas y más plomo, como cree mucha gente. Aquí la cosa es más grave”, dice Flor Alba, profesora de La Esperanza.