En la carta enviada a medios de comunicación, el periodista dijo: "profundamente avergonzado me dirijo a ustedes para confesarles que fui el autor del panfleto que contenía amenazas en su contra, nada justifica mi comportamiento, ni el dolor, ni la angustia que les causé". 

Y agregó, “sólo buscaba el pago de unos dineros que le adeudaba el Programa de Protección y la prórroga del esquema de seguridad” y dijo que se someterá a las autoridades pues es consciente del daño y el sufrimiento que causó a sus colegas por las falsas amenazas. 

“Espero que de esta manera se ponga fin al sufrimiento que les causé y retomé la tranquilidad que les arrebaté en un momento de irreflexión, soy consciente del daño causado, por esa razón me someteré a las autoridades", finaliza la carta. 

En el panfleto enviado a los correos de los amenazados el pasado 28 de septiembre del 2014, supuestamente los 'Urabeños' declaraban "objetivo militar" a los periodistas Henry Ramírez, Cristian Abadía, Gildardo Arango, Julio César Bonilla, Óscar Gutiérrez, Álvaro Miguel Mina y Darío Gómez, y al propio Yesid Toro. 

Tras la confesión los afectados anunciaron que tomarán medidas legales, considerando que algunos de ellos dejaron su trabajo y cambiaron de ciudad por las amenazas recibidas. 

Al respecto, la Fundación para a Libertad de Prensa (Flip) rechazó las falsas amenazas. "La Flip considera que las justificaciones dadas por Toro, aunque no son suficientes, dejan en evidencia dificultades del programa de protección a periodistas. La ineficiencia administrativa por parte de las entidades públicas permite que en muchos casos se lleven a cabo malas prácticas que, como en el caso de lo hecho por Toro, pueden constituir delitos. Precisamente, la Flip indicó en su informe anual de 2013, publicado en 2014, que el proceso de asignación de medidas a Toro tuvo dificultades y retrasos constantes". 

Con lo sucedido se espera que ese lunes la Fiscalía tome una determinación sobre estos hechos y defina si vincula al periodista en un proceso judicial.