El presidente Juan Manuel Santos respondió a las críticas que desde distintos sectores surgieron tras la decisión de suspender los bombardeos aéreos a campamentos de la guerrilla.

El jefe de Estado aclaró que es una medida de desescalamiento que no afectará la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional, ni su deber constitucional de proteger la vida de los colombianos.

“Es una mentira quienes están diciendo que lo que se ordenó es un cese el fuego bilateral escondido, nada tiene que ver con eso”, dijo Santos y agregó: “Qué tristeza me da cada vez que damos un paso que nos acerca a la paz y surgen esos enemigos del proceso a desinformar al país”.

Desde Sucre, donde cumplió una jornada de la gira ‘Estamos Cumpliendo’, el Mandatario aclaró que no es cierto que se haya ordenado cesar cualquier acción militar contra la guerrilla ni que el país esté en manos de delincuentes, pues seguirá una actividad permanente de Fuerza Aérea, Policía y Ejército.

Así mismo, recordó que la suspensión a las concentraciones de las Farc se cumplirá siempre y cuando estas no estén delinquiendo o agrediendo a la población civil.

“Quiero decirles a los colombianos que la Fuerza Pública permanecerá con su presencia protegiéndolos (...). La orden que dimos solamente es ir desescalando y eso quiere decir menos muertos, menos víctimas, menos sufrimiento, hasta llegar a ese punto donde podamos decir que alcanzamos la paz”, aseveró el Presidente.

Esto luego de que, entre otras voces, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazara la decisión del Gobierno, calificándola como “inconstitucional” y una “concesión” a las exigencias del grupo armado ilegal, pese a que había dicho que su tregua no iba a ser un cese bilateral.

Críticas del Procurador

El procurador Alejandro Ordóñez aseguró ayer que la nueva orden de suspender los bombardeos es un cese bilateral al fuego disfrazado, y agrega que este sólo beneficiaría a la guerrilla del ELN y las bacrim, pues en ciertos lugares trabajan juntos.

“Ese cese paraliza a la Fuerza Pública en contra de esa organización armada ilegal y proporciona un estatus de inmunidad a sus integrantes, al igual que a las acciones criminales que adelantan”, señaló el funcionario.

Ordóñez dijo que se trata de una concesión a las Farc injustificada que afecta a la Fuerza Pública y que recuerda la historia de la muerte de 10 soldados por parte de las Farc en Buenos Aires, Cauca, en abril pasado.

PARA AGILIZAR LA PAZ

El Gobierno anunció que “con el propósito de agilizar la construcción de los acuerdos restantes de la agenda”, a partir de ayer se integrará al proceso con las Farc un grupo de tres asesores para el asunto de justicia.

El grupo sesionará en paralelo a la discusión del punto de víctimas en la mesa de diálogos con la insurgencia y la subcomisión técnica del fin del conflicto.

Se trata de Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional y asesor jurídico del Gobierno en la Constitución de 1991; Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y expresidente de la Corte Constitucional, y Doug Cassel, profesor estadounidense de la Universidad de Notre Dame y experto en Derechos Humanos.