Esto puede darse, siempre y cuando, se trate de velar por la seguridad de los menores y protegerlos en el marco de su potestad para asistir, orientar y controlar las comunicaciones de los menores.

“Resulta un verdadero contrasentido afirmar que las actividades de seguimiento, orientación y protección, que implementa una madre o un padre respecto de sus hijos menores en la intimidad de sus hogares, per se, se ofrecen ilegales si en la interacción que ello requiere de la aprobación de una autoridad judicial, cuando la Ley, los instrumentos internacionales y el Gobierno nacional instan y alertan para que se acompañe a los menores todo el tiempo que usan y permanecen en contacto con dispositivos, especialmente, cuando acceden a redes sociales”, señaló la Corte.

La Corte deja en claro que la información privada que fluye en el correo de una persona está protegida constitucional y legalmente, por lo que acceder a ella y que tenga valor probatorio en un juicio, requiere de una orden previa de la Fiscalía General, y posterior legalización ante un juez de garantías.

No obstante, dice la Corte, que hay casos excepcionales que por sus particularidades deben ser observados desde una óptica distinta. “Como cuando el titular de la cuenta de correo electrónico es un niño, niña o adolescente, respecto de quienes, como ya se acotó, por mandato constitucional y legal, la familia, la sociedad y el Estado deben ofrecer especial protección, sin que los padres, en cumplimiento de estos cometidos, requieran de la autorización para acceder a los contenidos e información de los sitios web que los menores frecuentan”.

La Corte hizo el pronunciamiento al analizar el caso de una menor de edad que con 12 años abandonó su hogar para irse a vivir con un hombre en 2011 con quien practicaba relaciones sexuales bajo el efecto de benzodiacepinas que ella no recordaba tomar y que fueron halladas en un examen de toxicología realizado a raíz de la intervención del Icbf, institución a la que acudieron sus padres para pedir ayuda.

En medio de la defensa judicial, se estimó ilegal una serie de material probatorio por cuanto la madre de la menor obtuvo la misma de la cuenta de correo de la menor de edad. No obstante, la Corte dijo que ese argumento no podía prosperar por lo que ya se mencionó; y además, porque la cuenta de correo era de la institución educativa a distancia en donde su madre la inscribió y sobre la cual ella tenía potestad de ingreso.

En ese sentido, la Corte ratificó la pena de 17 años de prisión en contra de Edwin Alejandro Fernández, la cual había sido proferida por un juzgado y ratificada por el Tribunal por el delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir agravada.