COLPRENSA, BOGOTÁ

Dos años después del paro agrario, defensores de derechos humanos demandaron al Estado por su presunta responsabilidad en lo que llamaron detención arbitraria, tortura, injusta privación de la libertad y sometimiento al escarnio público, del que manifestaron ser víctimas varias personas durante estas protestas.

Jorge Molano, uno de los abogados representante de las víctimas, indicó que con esta demanda busca crear un precedente en el país.

“Se espera que estos casos generen precedentes importantes en el país, que cambie la mentalidad y prácticas de los funcionarios públicos de ataque y persecución a quienes participan de manifestaciones públicas e impida que altos funcionarios vuelvan a someter al escarnio público a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos”, dijo. Los litigantes presentaron una solicitud de conciliación ante la Procuraduría buscando que se declare la responsabilidad de los funcionarios de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la detención y tortura de 10 jóvenes del municipio de Soacha y la estigmatización de un estudiante universitario de Bogotá.