Con lo anterior sugirió que el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal y el Estado colombiano, accedió a que los delitos de la guerrilla queden en la impunidad. En materia punitiva, condenó que para los cabecillas confesos se mencionen trabajos sociales, restricciones de libertades, pero sin cárcel; cuando según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta mantiene “una relación estrecha con la justicia ordinaria y los procesos y condenas existentes”. 

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal”, aseveró el exsenador. 

A esto agregó que contrario al equilibrio punitivo que contempla el mecanismo, las Fuerzas Armadas necesitan un tratamiento digno e independiente de la insurgencia. Incluso Uribe sugirió que, según él, “todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel”. 

Un punto similar asumió con la población civil, al asegurar que el gobierno trata de igualarla con terroristas y no con víctimas de la insurgencia. En otro aspecto cuestionó que el acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político y que tampoco es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político. 

Sin embargo el componente de justicia prevé que una ley de amnistía precise el alcance de la conexidad. “En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”, dice el acuerdo de la mesa. 

Dentro de las inconformidades del jefe del Centro Democrático, también hubo espacio para la presencia de Venezuela como país garante de la negociación. 

“Rechazamos la presencia de la dictadura de Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas y hoy anunció más cierres de frontera”, dijo. 

Incluso consideró que “al mejor estilo chavista”, se busca dar facultades ilimitadas al gobierno, que según él podría constituir “una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo”. 

Contrario al expresidente, el gobierno en voz del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha aclarado que las facultades al presidente, así como otros mecanismos incluidos en el acto legislativo para la paz, tendrán estricto escrutinio para agilizar la implementación de los acuerdos. 

Aunque apenas presentó nueve puntos, el expresidente advirtió que prepara más detalles para exponer su inconformidad con el modelo de jurisdicción acorado en Cuba.