En ese sentido el Tribunal consideró que el acceso a la Administración de Justicia es un derecho fundamental, al fallar una tutela interpuesta por un ciudadano.

La petición fue presentada por José Ángel Fonseca, quien argumentó ante el Tribunal que con el cese de actividades se están violando los derechos fundamentales de la población al acceso a la justicia.

Desde hace cuatro semanas los Juzgados Civiles y de Familia se encuentran cerrados, dado que algunos funcionarios buscan la suspensión total del acuerdo 10445, que crea secretarías generales para la atención al público y resolución de procesos. Según los sindicatos esta medida significaría el despido masivo de funcionarios judiciales.