“El día 6 de noviembre de 2015 se conoció por medio de comunicación radial la irregularidad presentada con el señor capitán Ányelo Palacios Montero, quien concedió una entrevista el día 28 de mayo de 2014 en el Hospital Central de la Policía Nacional a la emisora de radio RCN en su programa La FM, encontrándose el oficial es ese momento adscrito a la Seccional de Tránsito de la Policía, durante la cual realizó acusaciones injuriosas y calumniosas en contra de oficiales superiores de la institución, robusteciendo con su dicho la polémica existente sobre la llamada ‘Comunidad del Anillo’ dentro de la institución policial”, señala el documento frente a los hechos que fueron tenidos en cuenta para hacer la destitución. 

En ese sentido, el abogado de Palacios, Jesús Vergara manifestó que la destitución de su cliente no se presentó como se ha indicado en algunos medios de comunicación, por un supuesto intento de soborno en Florencia, para presuntamente borrar unos comparendos. 

En el documento de 45 páginas, señala que Palacios fue destituido durante 12 años, dado que “incurrió en dos faltas, una grave y una gravísima, cometidas a título de dolo”, las cuales son asociadas a las conductas de injuria y calumnia. 

“En el fallo de primera instancia es destituido, por haber incurrido en una injuria, por denunciar los hechos que tienen que ver con la ‘Comunidad del Anillo’ (…) es un fallo muy curioso porque dice que él replicó unas situaciones que tienen que ver con aspectos deshonrosos de algunas personas cuando realmente lo que él está denunciado son hechos que le ocurrieron en calidad de víctima”, señaló el abogado. 

Vergara manifestó que la investigación contra Palacios no debió haber sido llevada por la Policía, sino por una entidad como la Procuraduría General de la Nación. 

“Resulta curioso que siendo unas denuncias contra la Policía sea esa misma institución la que realice esa investigación, cuando por transparencia en un tema tan delicado como la existencia de la ‘Comunidad del Anillo’ debe ser indagado por un ente que tenga un grado de imparcialidad, para que las decisiones estén ajustadas a derecho y libres de prejuicio”, manifestó el jurista. 

Igualmente, el apoderado de Palacios denunció que contra él y su cliente se han presentado amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. 

“Ányelo y yo estamos preocupados por nuestra seguridad, porque hay varias informaciones y elementos que están organizando planes, para sacarnos del camino y nosotros como ciudadanos entendemos lo que está pasando, debido a los personajes que presuntamente están involucrados en la ‘Comunidad del Anillo’”, dijo.