Ese es uno de los llamados que investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y del Centro de Memoria Histórica hacen a través del libro Limpieza social, una violencia mal nombrada, que da cuenta de que, a través de dicho lenguaje, lo único que se ha hecho es legitimar una práctica desde hace 35 años. 

La investigación refleja que las ciudades más golpeadas en su orden son Cali, con 466 homicidios y 362 casos; Cúcuta (376 homicidios/292 casos) Medellín (361/197), Bogotá (342/197) y Barranquilla (250/189).

Aparecen cuatro tipos de victimarios: moradores de los barrios, actores armados, miembros del Estado y organizaciones delincuenciales locales. 

El estudio, basado en datos del Cinep, que según sus autores es la única entidad del país que ha llevado un riguroso registro de las víctimas alrededor de este fenómeno, pone de presente tres aspectos: una forma de guerra que se instaló en la ciudad, una práctica que se arraigó a través de un lenguaje legitimador (bajo el concepto de que hay que remover la inmundicia y la suciedad de la sociedad), y una guerra por establecer órdenes morales, por parte de quienes se abrogan el derecho a determinar quién puede continuar o no con vida. 

Esta estela de asesinatos dejó, en 25 años, 4.928 víctimas a lo largo del país (3.696 casos), en un total de 356 municipios, 56 de los cuales contaban con poblaciones superiores a los 100 mil habitantes, es decir, en casi todas las ciudades de Colombia. Esto significa que “el exterminio social, y no la mal llamada limpieza, es una práctica inscrita en los circuitos integrados institucional y económicamente”, explica uno de los autores, Carlos Mario Perea, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, de la Universidad Nacional de Colombia. 

El análisis de los protagonistas de esta violencia social responsabiliza, en el 77 % de los casos, a los grupos de limpieza social (3.798 homicidios). Tras ellos vienen los grupos paramilitares, autores de 868 asesinatos, correspondientes al 18 %. No pasan del 5 % los homicidios cometidos por otros victimarios. 

En el 9 % de los 3.696 casos en el país, se envió amenaza a través de panfletos intimidantes. 

En el caso de Bogotá, la localidad más golpeada ha sido Ciudad Bolívar, donde se concentró el 28 % de los casos. Le siguieron las localidades de Santa Fe, Usme y Kennedy, con el 17 %, 16 % y 7 % de las muertes, respectivamente. En la capital, son los jóvenes y los habitantes de la calle las principales víctimas. 

Aunque a lo largo de los 25 años hay variaciones año tras año, al graficar el fenómeno, se concluye que las operaciones de exterminio social alcanzaron su más prominente alza en 1992: 481 homicidios. 

Ello coincide con la época más neurálgica de la guerra entre el Estado y la mafia en Colombia, personificada principalmente por Pablo Escobar, y caracterizada por una percepción generalizada de miedo que, en concepto de los investigadores, afianzó el sentimiento de “autodefensa” en las ciudades. De esta manera, se consolidaron esos imaginarios de justificación de tales crímenes, según lo que se puso de presente durante el lanzamiento del estudio en la Feria del Libro. 

Este trabajo quiere poner al descubierto que el Estado no demuestra haber emprendido alguna acción para detener su reproducción. Según los investigadores, de esas operaciones de aniquilamiento no se habla, no aparecen en los planes de gobierno ni tampoco han formado parte de las campañas políticas. En esencia, “al fenómeno lo ha envuelto un silencio con el ropaje del consentimiento”. 

Dentro de las necesidades derivadas del estudio, Carlo Mario Perea afirma que el Estado debe construir protecciones especiales constitucionales para las poblaciones marginadas, que son las víctimas de esta práctica sistemática de aniquilamiento social.