COLPRENSA, BOGOTÁ

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó ayer la emergencia carcelaria ante los problemas que se tienen respecto a la prestación de servicios médicos en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa.

La decisión se tomó en el seno del Consejo Directivo del Inpec y, según se indicó, las medidas no dejan de lado la estructuración de soluciones de fondo para que el nuevo modelo de salud en las cárceles entre en operación.

Según indicó el Ministerio, no hay personal suficiente para atender de manera prioritaria a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), Epoc (188) y psiquiátricos (2.884).

La cartera de Justicia explicó que la declaratoria de emergencia le otorga facultades especiales al director del Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis carcelaria en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos y atención urgente de los servicios de salud.

Las determinaciones

Las primeras medidas adoptadas tras la declaratoria por parte del Ministerio son realizar brigadas de salud inmediatas desarrolladas conjunta y articuladamente por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la fuerza pública.

Igualmente, se anunció la modificación del Manual de Funcionamiento a cargo del Inpec para que profesionales de salud, que son actualmente funcionarios de áreas administrativas, puedan realizar funciones asistenciales.

Como medida inmediata también se determinó ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y las autoridades carcelarias, estas determinaciones urgentes no dejan de lado la estructuración de una solución de fondo a la crisis y responde a una situación inmediata a resolver.

HABLA LA DEFENSORÍA

Una vez conocida la declaratoria, la Defensoría del Pueblo aseguró que la medida es positiva pero insuficiente ante la magnitud del problema, y por eso la entidad había abogado por la declaratoria de la emergencia social y carcelaria, que es un estado de excepción.

En criterio de la entidad, es insuficiente porque no resuelve los problemas estructurales de hacinamiento en las prisiones, ni de atención en salud.

El pasado 10 de marzo la Defensoría visitó 12 de los 20 establecimientos carcelarios donde se habilitaron cupos para presos, aseguró que de los 4.535 cupos planeados para 2015, solo habilitaron 1.709. En ese momento consideró que era necesario decretar una emergencia social al interior de las cárceles.