Tras resolver una acción de tutela, la Corporación judicial con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, consideró que al grupo de madres se le vulneraron sus derechos, al no recibir un pago, ni un reconocimiento a su labor. 

Para el alto tribunal este grupo de mujeres merecen protección especial por parte del Estado, por lo que le pidió al ICBF hacer efectivo dicho pago. Esta determinación abre las puertas para que otras madres a través de una tutela reclamar los mismos derechos. 

De acuerdo con el ICBF actualmente en el país hay más 69 mil madres comunitarias, quienes atienden más de un millón niños, y quienes desde 2014 reciben un salario por la prestación de dicho servicio. 

Entre las tutelas estudiadas por la Corte, las demandantes expusieron casos de madres que no habían tenido reconocimientos económicos ni de pensión durante más de 25 años. 

Este miércoles se dará a conocer a las partes la decisión, para que sean presentados los recursos correspondientes.