De acuerdo a un comunicado emitido por la oficina del abogado Víctor Mosquera, quien radicó la denuncia, la Justicia Especial para la Paz permitirá que las Farc no reciban una sanción penal efectiva, adecuada y proporcional con la naturaleza de sus delitos. 

“Tal anulación y aniquilación de una pena real y efectiva de cárcel o prisión o medida de aseguramiento, es constitutivo de una justicia no autentica respecto a crímenes atroces generando impunidad y violando la garantía de no repetición, al dilucidarse una artificiosa y elucubrada amnistía material o indulto de facto o una ley de los arrepentidos, para las personas responsables de crímenes atroces”, señala la comunicación enviada por la oficina de abogados. 

Entre los aspectos que se mencionaron en la denuncia, señalan que el apartado de justicia pactado en La Habana desconoce el Estatuto de Roma, norma internacional vinculante para Colombia, la jurisprudencia internacional y el derecho internacional penal. 

Finalmente, los denunciantes argumentaron ante la Corte Penal Internacional que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc “imposibilita” a las víctimas de crímenes atroces acceder a un recurso efectivo para dejar sin efecto las sentencias que sean emitidas por el Tribunal Especial para la Paz.