Las cifras de la dejación de armas de las Farc no cuadran. A pesar del regocijo que mostraron las partes el martes pasado en el acto en La Elvira (Buenos Aires – Cauca), en el que según altos funcionarios del Gobierno y la guerrilla, esta insurgencia dejó otro 30% de las armas, para llegar al 60% del total, un comunicado de la Misión de la ONU en Colombia confirmó que hasta el 14 de junio, había recibido una cantidad diferente.

“Al finalizar esta segunda fase del proceso de Dejación de Armas, la Misión tiene bajo su custodia aproximadamente un 40% de las cerca de 7.000 armas individuales registradas, monitoreadas y verificadas por la Misión desde el pasado 1 de marzo”, dice el comunicado.

Esta diferencia en las cifras genera controversias. No obstante, el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso, dijo literalmente: “Lo que presenciamos fue la segunda fase, el segundo 30%, en un par de días terminamos el 60% y la semana entrante terminaremos el 100%”, planteando la posibilidad de que esta entrega no se diera en su totalidad el 14 de junio, como fue acordado el 29 de mayo en un comunicado enviado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.

Al respecto, Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguró que la noticia no debe ser un porcentaje, sino que las Farc están dejando las armas, “no se puede perder la proporción de las cosas”. Además, manifestó que está seguro que las Farc van a honrar su palabra y dejarán todas sus armas, cumpliendo el plazo del 20 de junio.

Este retraso se convierte en un argumento para que la oposición vuelva a atacar el acuerdo, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, afirmó que “el desarme de las Farc es una farsa (...) lo que evidencia la intención del Gobierno de engañar a la opinión pública”.

Seguridad para desmovilizados

Como sucedió hace 27 años cuando se reinsertó el M-19, pero con una mejor organización –al menos en lo proyectado-, ayer las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la creación de un Departamento Especial de Protección a algunos de los desmovilizados de las Farc y que operará bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Protección.

Este proyecto se tramitó en el Congreso por el mecanismo del ‘fast track’, esto, tras el hundimiento en la Corte Constitucional del Decreto-Ley que había expedido hace un mes el presidente Juan Manuel Santos en tal sentido.

La norma legislativa –que pasará después del 20 de julio a las respectivas plenarias- tuvo, como ha sido tradicional en todo el trámite de estos proyectos, la oposición del Centro Democrático, bancada que consideró que es seguir armando a esa guerrilla y ahora con capacitación y salario “a los terroristas de las Farc”.

Cifra

8.200 milicianos están viviendo en las zonas veredales, que están y han iniciado su proceso de desarme.