Así lo señala el Ministerio Público en un comunicado de prensa y agrega que la medida obedece a que el aval para la operación fue otorgado sin que la EPS contara con una red de prestadores de servicio a nivel nacional.

La entidad cuestiona el que el superintendente de Salud no hubiera iniciado procedimientos contra la EPS a pesar de las reiteradas denuncias que sobre incumplimiento se propusieron en contra de Medimás.

En criterio de la Procuraduría, dichos reclamos “hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”.

Según Fernando Carrillo a la fecha la Procuraduría no ha recibido los documentos con base en los cuales se avaló el funcionamiento de Medimás, y reiteró que en varias oportunidades ha reclamado dicha documentación a la superintendencia del ramo sin éxito.