“Los Buldozer” es el nombre dado por los funcionarios brasileños de Odebrecht a los congresistas encargados de hacer lobby y gestionar los intereses de la empresa en Colombia, según lo estableció ayer la Fiscalía, que presentó nuevos avances sobre este escándalo de corrupción.

Este grupo lo componen Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo “Ñoño” Elías, Antonio Guerra y Álvaro Ashton, expuso el ente acusador.

Detalló además que su actuación “consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones a éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht”.

Las funciones de “Los Buldozer” se identificaron en dos de las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía en Odebrecht: el contrato de estabilidad jurídica y el otrosí Ocaña-Gamarra.

Estabilidad jurídica

Esta investigación fue de las últimas en iniciar y se trató de la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica para el tramo 2 de Ruta del Sol, un trato que le congelaba a la concesión los impuestos por varios años, generándole miles de millones de pesos de ahorro.

En este punto, la Fiscalía relata que Odebrecht y dos emisarios suyos, el exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, buscaron la ayuda de este grupo de congresistas para que gestionaran la aprobación de este contrato antes de finalizar 2012.

Dicha meta fue cumplida a cabalidad, pues tras recibir una negativa por parte del Comité de Estabilidad Jurídica del Estado en septiembre de 2011, sustentando que Ruta del Sol había aceptado en la fase precontractual asumir todo los riesgos, el 31 de diciembre de 2012 se cambió la postura y se firmó el contrato.

“La presión que se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”, argumentó uno de los testigos de Brasil que citó la Fiscalía.

Dato

Tras conocer los detalles de la investigación la Fiscalía ha compulsado copias de los elementos materiales probatorios respectivos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.